Mulino sanciona presupuesto de 2027 por B/.35,111.75 millones con más inversión pública
La nueva ley sube 12% la partida de inversiones y recorta 5% el gasto de funcionamiento. Los ajustes hechos por los diputados y un cambio en las reglas de contratación pública generan debate.
El presidente José Raúl Mulino firmó este lunes 2 de noviembre, durante un Consejo de Gabinete extraordinario, la ley del Presupuesto General del Estado para 2027, que suma B/.35,111.75 millones. La Asamblea Nacional había aprobado el proyecto en tercer debate la semana pasada.
Del total, B/.12,839.7 millones irán a inversión pública, es decir, el 36.6% del presupuesto. Según el Gobierno, esa partida crece 12% frente a 2026, y se ha presentado como una cifra récord. El funcionamiento de las instituciones se lleva B/.22,272 millones, el 63.4%, con una baja de 5% respecto al año anterior.
El plan también prevé pagar menos por servicio de la deuda del Gobierno Central y fija un déficit que, de acuerdo con el Ejecutivo, se mantiene dentro de los topes de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y en línea con la meta de ordenar las finanzas públicas.
Por recomendación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, se hicieron cambios para reforzar a ciertas entidades en salud, educación, seguridad, infraestructura, servicios públicos y atención social. El monto de esos ajustes no coincide entre las fuentes: la información oficial habla de B/.186.83 millones, mientras otro reporte los ubica en B/.450.8 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que los cambios no inflan el total, sino que mueven plata hacia necesidades prioritarias, luego de una revisión técnica del MEF.
Los movimientos tocan a 13 entidades del Gobierno Central y 17 descentralizadas. La Asamblea Nacional recibirá B/.23 millones adicionales para funcionamiento y la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), B/.10 millones más. En cambio, el Ministerio de Educación pierde B/.15.4 millones y la Autoridad Nacional de Descentralización, B/.18.2 millones.
La ley incluye además una modificación impulsada por diputados que amplía las excepciones a los procesos de contratación pública para algunas instituciones y compras. La medida ha despertado dudas sobre su impacto en la transparencia y en la competencia entre proveedores. Chapman tomó distancia y aclaró que la propuesta no salió de su despacho.
Con la ley ya sancionada, el reto pasa ahora a la ejecución, que definirá cuánto de lo presupuestado se convierte de verdad en obras y servicios para la gente durante 2027.
