Mulino sanciona el Presupuesto 2027 de $35,111.75 millones
El mandatario firmó la ley tras su aprobación en la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos por excepciones en contrataciones públicas.
El presidente José Raúl Mulino firmó este lunes 2 de noviembre el presupuesto nacional para 2027, por un monto de $35,111.75 millones. El texto había sido aprobado la semana anterior en la Asamblea Nacional.
La sanción se produjo después de que el mandatario asistiera temprano al cementerio Amador, en El Chorrillo, a los actos de homenaje a los próceres de la patria.
El acto ocurre en medio de cuestionamientos a una propuesta incluida en el proyecto que plantea excepciones a la ley de contrataciones públicas. Según el texto, ministerios como Obras Públicas, Educación y Gobierno podrían acogerse a excepciones de hasta un millón de dólares para comprar servicios técnicos, repuestos y equipos. Esas compras procederían ante situaciones fortuitas, de urgencia o por razones de interés público debidamente justificadas.
Consultado sobre esa propuesta, Mulino indicó que quien dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas. También sostuvo que la agilidad que se necesita en estas eventualidades debe ir acompañada de transparencia y fiscalización por parte del contralor.
Del total, $12,839.7 millones se destinarán a inversiones públicas, equivalentes al 36.6% del presupuesto. El Ejecutivo presentó esta asignación como un aumento de 12% respecto a 2026 y como un récord de inversión pública. Para gastos de funcionamiento se asignaron $22,272 millones, que representan el 63.4% del total y tienen una reducción de 5%. Además, el Gobierno informó que el servicio de la deuda pública del gobierno central también disminuirá en la próxima vigencia.
Durante la revisión se incorporaron modificaciones por $186.83 millones para reforzar salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales. Estos ajustes respondieron a recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional e incluyeron aumentos para algunas entidades, así como redistribuciones para atender compromisos institucionales y programas prioritarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Felipe Chapman, evaluó las solicitudes considerando la disponibilidad de fondos, la prioridad de los gastos y la capacidad de las instituciones para ejecutarlos. Según el Ejecutivo, el presupuesto contempla un déficit fiscal acorde con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública y con los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
