Mulino sanciona presupuesto 2027 de $35,111.75 millones con récord en inversiones
La inversión pública llega a 12,839.7 millones, con un alza de 12% frente a 2026, mientras los gastos de funcionamiento bajan 5%.
El presidente José Raúl Mulino sancionó este lunes 2 de noviembre la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027. El monto asciende a $35,111.75 millones y llega al despacho presidencial después de que la Asamblea Nacional lo aprobara la semana anterior.
El dato más llamativo es la inversión pública. El presupuesto asigna $12,839.7 millones a este rubro, una cifra récord que equivale al 36.6% de los recursos totales y que significa un aumento de 12% frente al año anterior. Según la información oficial, estos fondos buscan impulsar proyectos de infraestructura y programas orientados a atender las necesidades de la población.
En sentido contrario, los gastos de funcionamiento del Estado suman $22,272 millones, es decir, el 63.4% del total aprobado para 2027. La distribución también contempla una reducción de 5% en este tipo de gastos, como parte de la estrategia de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las finanzas públicas.
La ley incorpora además modificaciones por $186.83 millones, surgidas de recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Estos ajustes buscan reforzar las asignaciones de varias instituciones y dar más recursos a proyectos y programas considerados prioritarios para la población.
El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que cada modificación pasó por una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal. Para decidir, se tomaron en cuenta la disponibilidad de recursos, la prioridad de cada gasto solicitado y la capacidad de ejecución de las entidades. La cartera indica que el objetivo es mejorar la distribución de los fondos y ampliar la capacidad de respuesta del Estado.
En materia de deuda, el presupuesto establece un déficit fiscal alineado con los objetivos de consolidación, con la sostenibilidad de la deuda pública y con los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. También prevé una reducción en el servicio de la deuda del Gobierno Central para 2027.
Con la sanción presidencial, el documento queda listo para entrar en aplicación durante la vigencia fiscal 2027.