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POLÍTICA

Mulino sanciona ley que amplía descuentos para jubilados y pensionados en Panamá

La norma suma rebajas en salud, ayudas técnicas, servicios funerarios y pañales, y fija multas de hasta 5,000 balboas a quienes se nieguen a aplicarlas.

Redacción Nacional, 11:09 a.m. · 2 min de lectura
Mulino sanciona ley que amplía descuentos para jubilados y pensionados en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sancionó este lunes 2 de noviembre una ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, con el propósito de ampliar los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en el país.

La nueva normativa incorpora rebajas en una mayor cantidad de productos y servicios, sobre todo en áreas vinculadas con la salud, la asistencia personal, la vivienda y los servicios funerarios. Entre los cambios más visibles está la ampliación de beneficios en el sector salud, con descuentos en medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos.

La ley también incluye rebajas en la compra de equipos de asistencia y ayudas técnicas que facilitan la movilidad y el cuidado de las personas mayores. Según el texto, estos productos amplían el apoyo para quienes necesitan dispositivos de apoyo para moverse, recibir atención y mantener una mejor calidad de vida.

Otro grupo de medidas abarca gastos relacionados con la muerte y el uso personal. La normativa establece beneficios para la compra de ataúdes y urnas, así como para la contratación de servicios funerarios. Además, fija descuentos en pañales desechables para adultos, un artículo de uso frecuente para personas que requieren cuidados especiales.

El endurecimiento de las sanciones es otro punto central. La legislación prevé castigos para personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos establecidos para jubilados, pensionados y adultos mayores. Las multas podrán llegar hasta 5,000 balboas, una medida que busca reforzar el cumplimiento de los beneficios contemplados en la Ley 6 de 1987.

Con la sanción, el texto pasa a formar parte del marco legal vigente, lo que obliga a comercios y prestadores de servicios a cumplir con las nuevas rebajas. La ampliación busca cubrir una mayor parte de los gastos recurrentes de este sector de la población.

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