Mitradel secuestra cuentas por cobrar de Serviestiba ante cierre

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ordenó el secuestro de las cuentas por cobrar de Serviestiba, empresa que prestaba personal en los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión responde al anuncio del cierre de sus operaciones y a la incertidumbre sobre el pago de las prestaciones de 1,386 trabajadores. La ministra Jackeline Muñoz explicó que la institución actuó de oficio, sin solicitud de sindicatos u otras organizaciones, para asegurar recursos que respondan por los derechos adquiridos. Muchos de esos empleados acumulan más de 15 años de servicio.

Muñoz indicó que, hasta el viernes 9 de octubre, la empresa no había comunicado formalmente al ministerio cómo resolvería la situación laboral de su personal. Según la funcionaria, el Mitradel ya realizó una auditoría laboral individual de los 1,386 empleados y pidió a la compañía revisar los cálculos de sus prestaciones. En redes sociales, los trabajadores habían denunciado que la empresa pretendía cerrar sin reconocer las prestaciones completas.

Para la transición, el ministerio conversa con APM Terminals Panamá, que administra temporalmente Balboa, y con Terminal Investment Limited (TIL), que hace lo mismo en Cristóbal. La ministra dijo que ambas operadoras han mostrado disposición a contratar personal, aunque sus declaraciones no garantizan que los 1,386 trabajadores tengan ya un nuevo contrato. Para incorporarlos, primero deben quedar desvinculados de Serviestiba.

Sobre los salarios, la empresa informó al ministerio que la quincena estaba garantizada y que los pagos se harían efectivos al día siguiente, aunque no precisó una fecha calendario. Muñoz también descartó que la situación haya detenido las operaciones portuarias.

El caso llega casi ocho meses después del cambio de administración de los puertos. Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, los controló durante cerca de tres décadas. El 29 de enero de 2026, el pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que sustentaba esa concesión, y la sentencia quedó formalizada el 23 de febrero en la Gaceta Oficial número 30468. Ese mismo día, el Consejo de Gabinete aprobó la contratación temporal de APM Terminals y TIL, por un máximo de 18 meses. Serviestiba, constituida en 2015, formaba parte del esquema de tercerización de servicios de esa concesionaria. El presidente José Raúl Mulino advirtió el 5 de marzo que esas proveedoras debían negociar nuevas condiciones directamente con los operadores.

La situación se suma a conflictos previos. En 2015, trabajadores de Panama Ports Company fueron trasladados a Serviestiba mediante una sustitución patronal, lo que generó reclamos ante el Ministerio de Trabajo. En 2020, denunciaron pagos pendientes de bonos de eficiencia. En abril de 2025, el contralor Anel Flores señaló presuntas irregularidades en la tercerización, y según él, Serviestiba facturó $468 millones entre 2015 y 2023.