Gobierno lleva a la Asamblea tres proyectos sobre Ciudad del Saber e investigación científica

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional tres proyectos de ley que previamente recibieron el respaldo del Gabinete. El primero modifica el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber mediante una adenda que extiende su vigencia por un nuevo periodo, que va desde febrero de 2023 hasta febrero de 2048.

Según Orillac, la finalidad de esta adenda es dar estabilidad jurídica al régimen fiscal que se aplica a las inversiones realizadas desde el contrato aprobado en 1998. También busca mantener la confianza de las empresas y demás agentes económicos que operan en el lugar. El funcionario aclaró que la medida no crea nuevos incentivos fiscales ni cambia la naturaleza jurídica de la entidad. Se trata, explicó, de prolongar un régimen ya aprobado por el ordenamiento vigente, con sus mismas condiciones y alcances.

El ministro sostuvo que las condiciones económicas actuales y la necesidad de seguir impulsando el desarrollo de las áreas revertidas justifican mantener instrumentos de estímulo a la inversión. Recordó que Ciudad del Saber alberga actualmente más de doscientas sesenta organizaciones y genera más de once mil empleos, cifras que, a su juicio, reflejan su aporte a la actividad económica y a la atracción de empresas.

Las otras dos iniciativas buscan fortalecer la investigación científica. La primera establece el marco jurídico para otorgar la calificación de Laboratorio de Interés Nacional. Con este esquema, el Estado podría brindar apoyo en recursos materiales e incentivos a centros e institutos de investigación que aspiren a obtener esa distinción, siempre que mantengan un desempeño acorde con estándares internacionales, apertura a su entorno, transparencia y compromiso con el país.

Orillac señaló que impulsar más centros de alto impacto podría traer varios beneficios. Entre ellos mencionó que los investigadores podrían concentrarse a largo plazo en temas de interés nacional, que la brecha en ciencia y tecnología con otros países podría reducirse y que el país podría absorber cada año a más especialistas con gran potencial. Añadió que el nivel académico de las universidades mejoraría y que el sector productivo se fortalecería como consecuencia.

El funcionario también reconoció una debilidad: en América Latina, Panamá tiene uno de los niveles más bajos de inversión en investigación y desarrollo en relación con su riqueza anual, además de uno de los porcentajes más bajos de investigadores.

La segunda iniciativa propone transformar el Sistema Nacional de Investigación (SNI), creado el 14 de diciembre de 2007. El sistema funciona física y financieramente desde la Senacyt. Aunque cuenta con un Consejo Directivo Nacional, creado por la Ley 56 de 2007, no tiene personería jurídica ni encaja en la estructura de la Senacyt, lo que lo deja en un vacío jurídico.

Orillac explicó que, tras 18 años de su creación, el sistema requiere una transformación que le permita reconocer y promover a los centros y grupos de investigación, así como asesorar la formulación de políticas públicas. Para ello, propone dotarlo de una persona jurídica, como podría ser una asociación de interés público. Según el ministro, esto daría más agilidad a su ejecución, mayor estabilidad funcional y permitiría que organizaciones públicas y privadas participen en su administración.