Miles de panameños en zonas rurales siguen sin señal ni acceso a internet

En las ciudades, la conectividad se da por hecha. En los pueblos y comarcas del país, en cambio, enviar un mensaje de texto puede exigir caminar kilómetros, subir a un cerro o esperar la noche para captar señal. Así lo describe una columna de opinión escrita por una egresada de la Escuela de Gobernanza de Internet de Panamá, de Internet Society Panamá.

La autora sostiene que el acceso a internet y a la comunicación es un derecho humano fundamental, comparable al agua potable o a la electricidad, y no un lujo ni un extra tecnológico. Según su planteamiento, tratarlo como un privilegio para quienes pueden pagarlo deja a miles de personas en una marginación invisible. Señala que esa visión, aunque casi nadie la defiende en público, estaría detrás de decisiones de empresas de telecomunicaciones y de gobiernos.

Los datos que presenta corresponden al censo de 2023, que reveló que el 30% de los hogares del país no tiene acceso a internet fijo ni móvil. La brecha se nota al comparar regiones. En la provincia de Panamá, cerca del 79% de la población había usado internet, mientras que en la comarca Ngäbe-Buglé la cifra llega apenas a alrededor del 11%. Ciudades como Panamá y David, según el texto, tienen la conectividad integrada en la vida diaria.

Para ilustrar el impacto, la columna describe a una madre que sube una colina con su hijo enfermo, con la esperanza de que un mensaje llegue al centro de salud más cercano. También menciona a estudiantes de zonas apartadas que no pueden descargar archivos digitales, mientras el sistema educativo exige una digitalización que no llega a sus hogares. Según la autora, esta falta de acceso trunca oportunidades, afecta las economías locales y profundiza la desigualdad.

La autora reclama respuestas a las operadoras sobre sus planes de expansión y al Estado, al que acusa de conformarse con promesas de cobertura universal. Menciona también una infraestructura pública débil y marcos regulatorios que, a su juicio, priorizan la ganancia privada. Frente al argumento de algunas empresas, que consideran poco rentable llevar fibra óptica o torres a zonas montañosas, responde que los derechos humanos no se miden por retorno de inversión.

La columna concluye que la señal que falta en las comarcas refleja un Estado que llega tarde y un mercado indiferente. Su propuesta es dejar de ver la conectividad como un premio de la modernidad y exigirla como un servicio básico. Cabe aclarar que se trata de una opinión de la autora, no de un informe oficial, aunque las cifras que cita provienen del censo de 2023.