Reforma electoral en la Asamblea enciende alertas por control del dinero político

Una reforma electoral que avanza en la Asamblea Nacional está en el centro de la discusión por el financiamiento político en Panamá. Según la abogada Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, las modificaciones en trámite reducen la transparencia y los controles sobre el dinero que reciben los partidos y los candidatos para las próximas elecciones.

La preocupación central es la capacidad del Tribunal Electoral. De acuerdo con la columna, los cambios limitarían su poder para exigir rendición de cuentas, supervisar a los aspirantes y fiscalizar de dónde sale su dinero. La autora sostiene que esto no se queda en el clientelismo tradicional, sino que abre la puerta a asimetrías en la comunicación con el votante, a dinero ilícito que influye en quienes toman decisiones y a la infiltración del Estado por economías ilegales.

Para fundamentar su posición, la autora recurre al Índice Global de Crimen Organizado, que ubica a Panamá con una puntuación relativamente alta en actores incrustados en el Estado. Según esa medición, los expertos ven riesgos serios dentro de las instituciones, aunque no significa que el Estado esté capturado. También cita a InSight Crime, que señala que las operaciones en puertos, aduanas y logística difícilmente funcionan sin algún nivel de penetración institucional.

La autora compara el caso panameño con países como Países Bajos e Irlanda, donde los puertos de Róterdam y la costa irlandesa son puertas de entrada de cocaína hacia Europa. Señala que las mafias internacionales, junto con grupos locales, compran funcionarios y presionan a trabajadores, por lo que recomienda prevenir el lavado de dinero, transparentar a los beneficiarios finales y fortalecer los controles bancarios.

Entre sus exigencias figuran rendición de cuentas real sobre el financiamiento público y privado, sanciones efectivas, identificación de los beneficiarios finales de cada aporte y un Tribunal Electoral con más facultades. También pide coherencia con las convenciones anticorrupción y contra el crimen organizado que Panamá ha firmado, así como con los estándares de GAFILAT y la OCDE. La columna cuestiona la respuesta de los ministerios de Seguridad y de Economía y Finanzas frente a este debate.

La autora advierte que, si los controles se deterioran, el país podría retroceder no solo en una ley electoral, sino en su integridad financiera. Por ello, plantea que el seguimiento al financiamiento político debe mantenerse de aquí a 2029. Hasta el momento, el texto no informa sobre los artículos específicos de la reforma ni sobre la postura oficial de los proponentes.