Meloni aprueba decreto que endurece sanciones a menores y manifestantes violentos tras disturbios en Milán

El Consejo de Ministros de Italia, presidido por Giorgia Meloni, aprobó un decreto de seguridad que endurece las sanciones por actos violentos en manifestaciones, amplía las medidas preventivas contra menores de edad y refuerza la responsabilidad económica de los padres por los daños que causen sus hijos. La medida se aprobó el martes 20 de octubre y responde a los disturbios, saqueos y enfrentamientos con la Policía registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades del país.

El decreto entra en vigor de inmediato, aunque el Parlamento deberá convertirlo en ley en un plazo de 60 días. Entre sus principales novedades está la creación del delito de participación violenta en manifestaciones públicas. Según la norma, quienes formen parte de grupos organizados de cinco o más personas que realicen actos violentos y pongan en peligro la seguridad pública podrán recibir penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. Las sanciones aumentan si los participantes llevan el rostro cubierto, causan lesiones o cometen destrucción y saqueo.

El paquete también endurece las penas para quienes promuevan u organicen grupos destinados a cometer actos violentos, incluso si usan redes sociales o plataformas digitales para coordinarse. En esos casos, las condenas pueden oscilar entre cuatro y doce años de prisión.

Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de los adolescentes. El decreto amplía la posibilidad de aplicar medidas de retención preventiva a menores cuando existan elementos concretos que indiquen una amenaza para la seguridad pública, siempre bajo las condiciones y garantías de la normativa. Además, establece una presunción de capacidad para comprender los propios actos en los jóvenes de 14 años o más, salvo que se demuestre lo contrario. Hasta ahora, el Estado debía probar esa capacidad caso por caso en menores de entre 14 y 18 años.

La reforma también facilita detenciones posteriores cuando las pruebas, incluidas las grabaciones, permitan identificar a presuntos responsables de delitos cometidos en manifestaciones. Asimismo, puede imponer prohibiciones de asistir a determinadas reuniones públicas a personas que hayan tenido comportamientos violentos o intimidatorios, incluidos menores de 14 años que cumplan las condiciones previstas.

En cuanto a los padres, las sanciones administrativas por incumplir la responsabilidad parental podrán oscilar entre 500 y 1.000 euros, y duplicarse en caso de reincidencia. El texto también busca agilizar los procedimientos para reclamar indemnizaciones por daños a bienes públicos y privados.

Como parte del refuerzo de seguridad, el Gobierno dispuso el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026, que apoyarán la vigilancia y el control territorial dentro del dispositivo conocido como Calles Seguras. Se descartó darles facultades policiales adicionales tras objeciones planteadas desde la Presidencia de la República, encabezada por Sergio Mattarella.

Por último, el decreto facilita la persecución de agresiones contra policías y funcionarios de seguridad, al permitir que las autoridades actúen de oficio en ciertos casos de lesiones, sin depender de la denuncia de la víctima. El Gobierno sostiene que estas medidas buscan prevenir nuevos episodios violentos y garantizar la seguridad durante las manifestaciones.