Casi 90% de detenidos bajo excepción en El Salvador no tiene condena

Casi el 90% de las personas detenidas en El Salvador durante el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele todavía no tiene una sentencia condenatoria. Así lo informó el fiscal general, Rodolfo Delgado, al comparecer ante una comisión de la Asamblea Legislativa. Desde que se implementó la medida, en marzo de 2022, las autoridades han arrestado a más de 93.000 personas en la ofensiva contra las pandillas.

Delgado detalló que, hasta el 16 de octubre de 2026, los tribunales habían dictado 10.561 condenas, sobre todo contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18. El balance incluye también 13 condenas a prisión perpetua por delitos vinculados a organizaciones terroristas, homicidios y feminicidios, además de 244 absoluciones y 10 sobreseimientos. El fiscal aclaró que esas cifras solo corresponden a expedientes que llegaron a juicio, por lo que el número de sentencias podría subir conforme avancen los procesos.

La diferencia entre los detenidos y los condenados reabre el debate sobre la duración de los procesos penales y sobre las garantías judiciales de quienes siguen en prisión. La organización Socorro Jurídico Humanitario sostiene que una parte considerable de los detenidos podría ser inocente y cuestiona los procedimientos usados en la ofensiva.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que algunas personas fueron arrestadas sin pruebas suficientes o por supuestos vínculos con pandillas. También reportan casos de malos tratos, incomunicación y fallecimientos en centros penitenciarios, y señalan más de 500 muertes bajo custodia estatal. Advierten, además, que miles de detenidos no tienen acceso adecuado a la defensa ni han sido llevados a juicio.

El Gobierno defiende el régimen de excepción como herramienta para combatir a las pandillas y reducir una violencia que golpeó al país durante años. Aunque la estrategia ha bajado los homicidios a niveles mínimos históricos, la suspensión de garantías constitucionales y las condiciones de detención han generado cuestionamientos dentro y fuera del país.

En medio de las críticas, Bukele reconoció que su Gobierno liberó a unas 8.000 personas detenidas durante el régimen, aunque no precisó si todas quedaron fuera de los procesos judiciales. Funcionarios del Ejecutivo describieron esos casos como parte de un margen de error en las capturas. Además, el mandatario evalúa una liberación anticipada y condicional de unas 5.000 personas señaladas como colaboradoras ocasionales de las pandillas, seleccionadas según su grado de participación. Según explicó, podrían incorporarse al programa penitenciario Cero Ocio, que incluye trabajo y labores de utilidad pública. La propuesta todavía depende de los criterios y procedimientos que defina el Gobierno.