La UE saca a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales

La Unión Europea anunció que Panamá dejó de estar en su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia tributaria. El bloque reconoció las reformas que el país introdujo para mejorar su régimen fiscal. Vietnam también fue retirado de esa clasificación, según informó el Consejo de la UE este viernes.

La decisión la aprobaron los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros en una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), celebrada en Luxemburgo. Panamá figuraba en la lista negra desde febrero de 2020. Para tomar la decisión, el bloque valoró los cambios hechos al régimen de exención de ingresos extranjeros, que antes había sido considerado perjudicial, y también tomó en cuenta la próxima revisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esa evaluación analizará si los países cumplen las normas internacionales de intercambio de información fiscal, un punto clave para medir el nivel de cooperación tributaria de cada jurisdicción. Aunque Panamá sale de la categoría más restrictiva, todavía tendrá que someterse a nuevas evaluaciones internacionales.

Con su salida de la lista negra, Panamá pasa a la lista gris, que reúne a los territorios que se comprometen a corregir deficiencias en sus sistemas fiscales o que tienen pendientes algunas evaluaciones. En esa categoría, el país seguirá bajo seguimiento hasta que se conozcan los resultados de las revisiones sobre sus normas de transparencia e intercambio de información.

Vietnam también fue trasladado a la lista gris. Había entrado a la lista negra en febrero de este año, es decir, ocho meses antes. En su caso, la medida está ligada igualmente a la revisión de la OCDE sobre sus normas de intercambio de información. Con esta actualización, la lista negra quedará integrada por ocho territorios y países.

La lista se creó en 2017 y se actualiza cada seis meses. Su objetivo es identificar jurisdicciones que no cumplen los estándares europeos de transparencia y justicia tributaria. Estar en ella no implica sanciones económicas automáticas, pero sí restricciones, como impedir que determinados fondos de la UE pasen por entidades establecidas en esos territorios, además de auditorías más frecuentes. Los Estados miembros también pueden aplicar penalizaciones propias a nivel nacional. La UE supervisa regularmente a cerca de cien jurisdicciones.