Reforma eléctrica no garantiza baja automática de la tarifa, advierte la Asep

La reforma a la ley de electricidad que se analiza en Panamá propone cambios en la regulación de las distribuidoras, en los mecanismos de contratación de energía y en la calidad del servicio. Sin embargo, el proyecto no establece que estas modificaciones produzcan por sí solas una rebaja en la tarifa que pagan los usuarios.

Zelmar Rodríguez, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), explicó en el programa Debate Abierto que es necesario distinguir entre los cambios legales propuestos y el comportamiento final de la tarifa. Según la funcionaria, las tarifas se fijan mediante procesos regulatorios que se realizan cada seis meses, y el precio depende de varios componentes y de las condiciones en que se compra y distribuye la energía.

Uno de los elementos que destacó es que las licitaciones de energía vuelvan a las distribuidoras. Con ello, las empresas podrían mantenerse completamente contratadas y depender menos del mercado ocasional, donde los precios suelen ser más altos.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez, secretario nacional de Energía, advirtió que la llegada de un comercializador independiente tampoco asegura un precio más bajo para los consumidores. Explicó que este nuevo participante necesitaría obtener una rentabilidad, lo que añadiría un componente más dentro del mercado eléctrico. Como referencia, citó la experiencia de Estados Unidos, donde, según dijo, estos mecanismos han beneficiado sobre todo a los grandes clientes, mientras que los consumidores pequeños no siempre obtienen las mismas ventajas.

En cuanto a la calidad del servicio, la reforma contempla cinco causales para terminar contratos cuando las distribuidoras incumplen los indicadores establecidos. Hoy el regulador puede sancionar esos incumplimientos, pero la propuesta busca que también puedan derivar en la terminación del contrato. La funcionaria aclaró que esto no elimina las sanciones vigentes.

La reforma además incorpora la figura del interventor, que permitiría al regulador intervenir una distribuidora que incumpla sus obligaciones legales, contractuales o regulatorias. Rodríguez indicó que este mecanismo deberá reglamentarse, incluyendo el tiempo que debe mantenerse un incumplimiento antes de aplicar la medida.

Finalmente, el proyecto busca atender a unas 58 mil familias que no tienen electricidad por estar fuera de las zonas de concesión de las distribuidoras. La incorporación de estas comunidades forma parte de los cambios que se buscan para ampliar la cobertura del servicio.