Ley china de unidad étnica podría alcanzar a críticos en el extranjero

China comenzó a aplicar el 1 de julio la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, una norma que el gobierno presenta como un instrumento para fortalecer la cohesión social. Su texto habla de unidad, armonía y un destino común, pero el presidente de la International Campaign for Tibet, el actor que firma el análisis, sostiene que una de sus disposiciones tiene alcance internacional.

Según la fuente, el artículo 63 obliga a las autoridades a actuar contra organizaciones e individuos radicados fuera del territorio chino por cualquier acto que, a juicio de Pekín, dañe la unidad étnica o fomente la división entre grupos. Para el autor, esto significa que ciudadanos extranjeros, incluidos panameños, podrían ser perseguidos por expresar opiniones sobre el Tíbet, Xinjiang u otros grupos étnicos o religiosos.

El texto recuerda un caso reciente en Estados Unidos. Lu Jianwang, ciudadano estadounidense residente en el Bronx, fue declarado culpable el mes pasado de actuar como agente ilegal del Ministerio de Seguridad Pública chino al operar una supuesta comisaría de policía china en Manhattan. Según la Fiscalía, actuaba por instrucciones de funcionarios chinos para reprimir a disidentes. Enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión.

En cuanto al Tíbet, la fuente describe un despliegue de puestos de control, reconocimiento facial y vigilancia de las comunicaciones. Según el texto, cuadros del Partido Comunista están integrados en aldeas y monasterios, los monjes participan en campañas de educación patriótica y varios escritores han sido encarcelados. Menciona el caso del autor Gangkye Drubpa Kyab, condenado a catorce años por incitación al separatismo, quien antes había sido encarcelado por exhibir una fotografía del Dalái Lama.

El análisis atribuye a Chen Quanguo, sancionado por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, el desarrollo del sistema de gestión en cuadrícula en el Tíbet entre 2011 y 2016, que luego habría aplicado en Xinjiang. La ley también establece el mandarín como lengua principal de la educación, la administración pública y las organizaciones sociales. La fuente sostiene que esto contradice la Constitución china, que reconoce el derecho de las nacionalidades a preservar sus lenguas, y afirma que cerca de un millón de niños tibetanos han sido separados de sus familias en internados. Pekín niega estas acusaciones.

La norma exige además que las actividades religiosas promuevan la unidad étnica y se sometan a la «sinización», es decir, a la subordinación de las tradiciones religiosas a la ideología del partido. El texto advierte que la sucesión del Dalái Lama podría ser uno de los episodios religiosos y políticos más decisivos de la próxima década, pues Pekín sostiene que toda reencarnación requiere aprobación estatal. El autor considera probable que China designe a su propio líder espiritual y busque legitimarlo internacionalmente.