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La incertidumbre funciona como un impuesto invisible para las empresas

Un artículo de opinión sostiene que las reglas cambiantes y los trámites sin plazos encarecen la inversión en Panamá y pueden desviarla a otros mercados.

Opinión BULLA, 9:00 p.m. · 2 min de lectura
La incertidumbre funciona como un impuesto invisible para las empresas

Al evaluar una inversión, las empresas pueden calcular impuestos, costos laborales, demanda y fuentes de financiamiento. Lo más difícil de medir es el costo de las normas que cambian, de los trámites que no tienen plazos claros y de las decisiones administrativas que dependen de interpretaciones impredecibles. El planteamiento sostiene que ese costo existe, aunque no aparezca en ninguna declaración tributaria.

Según el texto, esa incertidumbre encarece los proyectos, reduce la rentabilidad esperada y, en muchos casos, lleva a posponer inversiones o trasladarlas a otros mercados. Frente a un riesgo mayor, las compañías exigen más retorno, invierten menos o deciden no avanzar. Por eso, un país puede mantener sus tasas e incentivos y aun así perder competitividad.

El autor considera que la seguridad jurídica es también infraestructura económica, comparable a carreteras, puertos o energía, porque permite planificar y tomar decisiones de largo plazo. Aclara que dar certeza no implica congelar las leyes. Lo importante, según el texto, es que los cambios se consulten, tengan sustento técnico, se comuniquen con claridad y cuenten con períodos razonables de transición.

Panamá compite por capital, talento y operaciones regionales con jurisdicciones que también ofrecen conectividad, servicios e incentivos. La ubicación geográfica sigue siendo una ventaja, pero el inversionista observa además la rapidez de los trámites, la calidad institucional, la coordinación entre entidades y la capacidad de obtener respuestas oportunas.

El artículo propone tres prioridades. La primera es evaluar el impacto económico y la capacidad del Estado para administrar nuevas obligaciones antes de aprobarlas. La segunda es reducir la discrecionalidad con criterios públicos, procedimientos estandarizados, digitalización y mecanismos eficaces de revisión. La tercera es fijar plazos que se cumplan, ya que el silencio administrativo y la duplicidad de requisitos inmovilizan capital. También se pide al sector privado fortalecer su cumplimiento y documentar sus operaciones.

El texto concluye que reducir la incertidumbre no exige renunciar a la regulación, sino ejercerla mejor. Para el autor, en una economía donde el capital se desplaza con rapidez, la previsibilidad es una ventaja competitiva que Panamá debe proteger.

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