Sismo de 7.7 en Azuero no dejó víctimas fatales en Panamá

Un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de magnitud de momento (Mw) tuvo su epicentro en la península de Azuero y se sintió en todo el territorio nacional, sacudiendo estructuras y generando preocupación entre la población. Según los datos citados, la energía liberada fue de aproximadamente 2.24 × 10¹⁶ julios, equivalente a 5.35 megatones de TNT o a la explosión combinada de más de 300 bombas como la que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima.

Pese a la magnitud del evento, no se registraron víctimas mortales en el país. El resultado llama la atención porque, en sismos de fuerza comparable en otras regiones del mundo, las pérdidas humanas suelen contarse por cientos e incluso miles.

El texto atribuye ese desenlace a la normativa de construcción. El arquitecto Álvaro González Clare destacó que el código sismorresistente vigente en Panamá, impulsado hace medio siglo por Diego Pardo, Adolfo Quelquejeu, César Kiamco y Salomón Cherem, fue coordinado por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y contó con el respaldo del líder universitario Víctor Levi. Ese proyecto dio origen al Reglamento Estructural de Panamá, que obliga a diseñar pensando en la protección de la vida. Según la fuente, las torres altas de la capital se flexionaron el 9 de octubre, absorbieron la energía del movimiento y conservaron su integridad.

En el interior la situación fue distinta. Las provincias centrales sufrieron daños en su patrimonio y en su infraestructura social. Se reportan fracturas en el Museo de la Nacionalidad, en La Villa de Los Santos, en la fachada de la Escuela Normal de Santiago y en templos coloniales centenarios. Además, cerca de doscientas escuelas y varias edificaciones de salud en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé quedaron comprometidas, lo que pone en riesgo a niños y pacientes. La fuente señala que las estructuras levantadas antes de las normas modernas necesitan atención inmediata.

Para la reparación del patrimonio, el texto propone técnicas de retrofit como la inyección de cales hidráulicas, tensores de acero inoxidable ocultos y fibra de carbono, que devuelven solidez a los muros sin alterar su valor arquitectónico. También plantea que el Estado ejecute un plan nacional de auditoría y reforzamiento estructural en las escuelas y hospitales afectados.

El planteamiento de fondo es convertir esa experiencia técnica en una política pública que lleve la seguridad sísmica a todas las escuelas, hospitales y monumentos del país, tanto en zonas rurales como urbanas.