La defensa de Peña pide anular el juicio político por su renuncia
Sus abogados sostienen que el proceso en el Senado no debe continuar después de que el mandatario presentó su dimisión en medio de la crisis del Ueno bank.
Los abogados del presidente paraguayo, Santiago Peña, sostuvieron este viernes que el juicio político que enfrenta en el Senado es nulo porque el mandatario presentó su renuncia un día antes. El proceso busca destituirlo y retirarle los fueros por presunto mal desempeño de funciones, en medio de la crisis provocada por la intervención del Ueno bank.
El abogado Adolfo Ferreiro compareció ante el pleno para presentar lo que llamó la defensa técnica y jurídica de Peña. Según él, la actuación del Senado le niega al presidente el derecho a apartarse del juicio, lo que podría causar un daño institucional al país y dejarlo expuesto ante foros internacionales. Ferreiro recordó que también defendió en un juicio político al expresidente Fernando Lugo, quien terminó siendo removido del cargo.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda cuestionó la acusación. Afirmó que está compuesta por recortes de denuncias periodísticas y expresiones grandilocuentes que, a su juicio, no demuestran la responsabilidad del presidente en el deterioro financiero de la entidad.
La crisis tiene como telón de fondo la decisión del Banco Central del Paraguay, que ordenó un proceso de cierre del Ueno bank. Esta institución recibió millonarios recursos de entidades públicas durante la gestión de Peña. El regulador detectó que su índice de solvencia, que controlaba recursos de más de 2.9 millones de clientes, cayó por debajo del 50% del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
La acusación advierte sobre un posible conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias. Entre otros puntos, alude a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas el banco. El mandatario vendió esas acciones en marzo de 2025.
Peña permanece formalmente en el cargo, ya que el Congreso no se pronunció sobre su renuncia por falta de cuórum. El mismo día, su ministro de Interior, Enrique Riera, presentó su dimisión y fue reemplazado por Carlos Benítez. Al ser notificado de la apertura del juicio, el mandatario pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, plazo que el Senado rechazó.
Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente del país, después de Lugo. La Constitución establece en su artículo 189 que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser procesado penalmente sin que el Congreso apruebe el retiro de esa inmunidad.
