La CSS atiende a 822 personas certificadas por el dietilenglicol
La institución asegura que mantiene la atención mientras avanzan las evaluaciones de nuevos casos. La cifra es menor que las 1,005 reconocidas al inicio.
La Caja de Seguro Social mantiene a unas 822 personas certificadas como afectadas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol. La cantidad es menor que las 1,005 que se reconocieron al inicio, según explicó Gustavo Santamaría Álvarez, director nacional de la Oficina de Cumplimiento de la institución, durante una entrevista.
El funcionario indicó que la entidad ha dado seguimiento al caso durante años y que sigue atendiendo a los sobrevivientes, muchos con secuelas crónicas. Añadió que el daño también alcanza a las familias, que acompañan a los pacientes en tratamientos, consultas y procesos de rehabilitación.
Santamaría precisó que el Centro Especial de Toxicología maneja cerca de 3,000 pacientes relacionados con el caso. Sin embargo, el reconocimiento oficial como víctima depende de la Comisión Evaluadora Multidisciplinaria, adscrita al Ministerio de Salud (Minsa). La normativa permite hasta cinco reevaluaciones antes de que esa comisión emita una resolución, y la CSS espera esos dictámenes para iniciar los trámites administrativos de quienes sean reconocidos.
Según el director, revisar los expedientes toma tiempo porque los especialistas deben establecer si los problemas de salud se deben al envenenamiento o si existían enfermedades previas que también podrían explicarlos. Para acercar los servicios, la CSS habilitó puntos de enlace del Centro Especial de Toxicología en Herrera, Los Santos, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.
Los tratamientos varían según cada paciente e incluyen diálisis, terapias de rehabilitación y atención neurológica, entre otras especialidades. Cuando un procedimiento no se puede hacer en Panamá, la institución contempla atención en el extranjero. Santamaría afirmó que se busca agilizar citas y exámenes de laboratorio, y que la CSS ha acatado las sentencias notificadas por la Corte Suprema de Justicia. Además, la entidad entrega documentación clínica a las autoridades y actúa como agente pagador de las pensiones vitalicias reconocidas por el Estado.
En cuanto a las consecuencias del escándalo, el funcionario mencionó el cierre del laboratorio de producción de medicamentos de la CSS, decisión que, según él, contribuyó al aumento de los costos de compra de fármacos. Dijo que hoy la institución adquiere productos que cumplen los controles sanitarios y están autorizados en el país, y que la seguridad debe ser responsabilidad compartida. La entrevista llega después de que el director de la CSS, Dino Mon, ofreciera disculpas a los afectados, gesto que Santamaría considera un paso positivo.
