La crisis constitucional de Polonia reabre la disputa por su Tribunal Constitucional

Polonia atraviesa una nueva crisis constitucional centrada en el Tribunal Constitucional. El choque enfrenta al gobierno proeuropeo de Donald Tusk con la oposición conservadora y nacionalista, encabezada por Jaroslaw Kaczynski y su partido Ley y Justicia (PiS). La pugna ya ha provocado manifestaciones y un nuevo enfrentamiento sobre el rumbo que tomará el tribunal.

El conflicto de fondo se remonta a 2015. Antes de las elecciones parlamentarias de ese año, la mayoría centrista que entonces dejaba el poder nombró a cinco jueces. Después, el propio tribunal determinó que tres de esos nombramientos eran válidos, mientras que dos eran inconstitucionales porque las vacantes surgieron durante la legislatura siguiente. Al llegar al poder, el PiS rechazó esas designaciones y eligió a sus propios candidatos. La disputa preocupó a la Comisión Europea y se convirtió en uno de los ejes de la larga confrontación entre Varsovia y Bruselas por el estado de derecho.

Tras el triunfo de la coalición de Tusk en las elecciones de 2023, el gobierno prometió restablecer la independencia judicial y resolver el problema del tribunal. Sin embargo, la elección de Karol Nawrocki como presidente en junio de 2025, con respaldo del PiS, abrió un periodo de difícil convivencia entre la presidencia y el gobierno. En marzo, el Sejm, la cámara baja, con mayoría centrista, eligió nuevos jueces, pero Nawrocki se negó a juramentarlos a todos. Más adelante, la Comisión de Venecia recomendó que los magistrados pudieran asumir sus cargos sin el juramento presidencial.

La tensión escaló en Varsovia. Partidarios de la derecha se concentraron frente al tribunal para defender a los jueces designados durante los años del PiS y para oponerse a lo que llaman intervención del gobierno. Después se desplegó policía alrededor del edificio, y medidas que afectaban a la dirección del tribunal aumentaron el malestar. Figuras del PiS y de la extrema derecha calificaron las acciones del gobierno como inconstitucionales, mientras que los defensores de Tusk sostienen que las reformas son necesarias para recuperar la legitimidad judicial. Nawrocki visitó el tribunal, y sus desacuerdos con los jueces recién elegidos elevaron aún más la tensión. El 31 de octubre mantuvo consultas con los partidos en busca de un compromiso, pero no hubo avances.

La Comisión Europea ha pedido avanzar para destrabar el estancamiento judicial. Juristas, organizaciones de la sociedad civil y líderes políticos siguen impulsando reformas que refuercen la independencia de los jueces, aunque la polarización dificulta cualquier acuerdo. La política polaca está dominada por dos bloques rivales: la Coalición Cívica proeuropea de Tusk y la derecha conservadora y nacionalista de Kaczynski. La izquierda sigue siendo marginal en las urnas.

La división atraviesa temas como el aborto, la relación con la Unión Europea, el apoyo a Ucrania, los vínculos con Alemania y el papel de la Iglesia Católica en la vida pública. La disputa constitucional se desarrolla además a poco más de las elecciones parlamentarias previstas para 2027. Según la politóloga Ewa Marciniak, las fuerzas políticas ya se concentran en movilizar a sus simpatizantes. Mientras tanto, las tensiones en el sector conservador generan dudas sobre futuras alianzas, sobre todo con partidos de extrema derecha que ganan terreno en las encuestas.