Falta de agua, luz y saneamiento frena la reducción del déficit de vivienda en Panamá

El acceso limitado a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento se perfila como un obstáculo para reducir el déficit habitacional en Panamá. Según el noveno informe de calidad de vida de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), este déficit alcanza las 322,755 unidades de vivienda.

El estudio señala que la carencia se concentra sobre todo en las comarcas indígenas, donde casi la totalidad de los hogares enfrenta estos problemas. También aparecen con cifras altas las provincias de Darién, con 62.3%, Herrera, con 60.9%, Los Santos, con 52.9%, y Bocas del Toro, con 46.4%. Estos territorios registran además altos índices de pobreza y menores ingresos.

Rosa María Espino, presidenta de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), explicó que la dinamización de la construcción depende en gran medida de la disponibilidad de estos servicios. Por eso considera necesario mejorar la cobertura en todo el territorio nacional.

En Azuero, la crisis de agua que afecta a la región desde 2025, producto de la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, ha frenado la venta de viviendas. Espino confía en que la ampliación de la Planta Potabilizadora Roberto Reina ayude a reactivar el mercado, aunque reconoce que ese proyecto tardará aproximadamente un año.

Mientras tanto, la dirigente espera que el mercado se estabilice con la aplicación de la ley de interés preferencial y del subsidio para el abono inicial de viviendas de hasta 80,000 dólares. Los trámites en curso fueron suspendidos por el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) y la reactivación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) considera que el programa Abono Pa' Ti impulsará la recuperación del sector. Según la entidad, facilitará el acceso de familias de menores ingresos a una vivienda digna, reducirá brechas económicas y generará empleos directos e indirectos.

El incentivo fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026 y depende de los recursos que asigne el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta entidad evaluará sus resultados cada dos años y podrá mantenerlo, ajustarlo o suspenderlo. La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que el déficit habitacional llegue al 5.0%. Quienes presenten información falsa para obtenerlo deberán devolver los recursos recibidos, y los acreedores hipotecarios no responderán por declaraciones atribuibles a los solicitantes. Si después de aprobado y antes del desembolso se detecta un incumplimiento, la aprobación quedará sin efecto y el cupo será liberado.

Los promotores esperan la reglamentación para conocer las condiciones del beneficio. Piden definir en qué etapa podrán acogerse quienes ya tienen trámites en curso, para evitar alteraciones en el mercado, aunque valoran la medida como positiva, sobre todo para las familias de escasos ingresos.