La acampada de Sol cumple un mes y se reorganiza ante la huelga general

La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid cumple un mes desde su instalación en un momento en que sus integrantes reorganizan la estructura del campamento. La atención se concentra ahora en la huelga general en España que el Sindicato de Inquilinas impulsa para el 11 de noviembre.

Todo comenzó con una gran marcha que reunió a miles de personas bajo el lema "Ni una Maricarmen más". La protesta denunciaba el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue sacada de su casa en camilla el 23 de septiembre y que murió días después. Los manifestantes exigían medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

El malestar de muchas de esas personas derivó en una acampada improvisada que, con el paso de los días, creció en organización y tamaño. Hoy el espacio cuenta con calles propias, puestos de atención a inquilinos, una enfermería y puntos de reparto de comida. Se trata de una de las plazas más concurridas y turísticas de la capital española.

El impacto de la acampada también llegó a la política nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas después de que cayeran en el Congreso los dos reales decretos sobre vivienda presentados por el Ejecutivo. Ante ese escenario, el Sindicato de Inquilinas, que organiza la acampada junto a otros movimientos, apuesta por la huelga general como la única vía para responder a las demandas ciudadanas, según explicó su portavoz, Alicia del Río, sin importar qué partido gobierne.

Pese a la convocatoria electoral y a la fecha fijada para la huelga, los acampados no muestran desánimo. En general aseguran que permanecerán en la plaza el tiempo que haga falta hasta que se atienda el problema de la vivienda. Una joven voluntaria en la enfermería explicó que la intención es resistir el mayor tiempo posible y que se ha trasladado a dentro del campamento a personas que antes estaban fuera, para que tengan la misma seguridad que las tiendas del interior. Desde la comisión de comunicación, Zaira Pagán afirmó que el campamento se mantiene, aunque ya se trabaja en una desescalada que tiene como último día el 11 de noviembre, fecha de la huelga.

En paralelo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se opuso a la protesta. Desde la sede regional acusó a los acampados de provocar gases tóxicos en la estación de metro de Sol y pidió en varias ocasiones su desmantelamiento. Por otro lado, comerciantes, hoteleros y asociaciones empresariales denunciaron efectos negativos en sus negocios, y los comercios de proximidad calculan pérdidas de unos 2 millones de euros diarios. Algunos establecimientos, sin embargo, han ofrecido espacios de descanso y carga de teléfonos móviles a los acampados.