Hurtos de bajo valor y reincidencia: proyecto busca endurecer las reglas en Panamá

Los hurtos de poca cuantía se repiten en universidades, paradas de buses, centros comerciales y calles de Panamá. Aunque cada caso parece aislado, la suma de pérdidas pesa sobre ciudadanos y comercios, y por eso empresarios y estudiantes han pedido a la Asamblea Nacional cambios en las normas.

En la Universidad Tecnológica de Panamá, el Centro de Estudiantes denuncia entre cuatro y cinco hurtos diarios de celulares y computadoras portátiles. Según esas denuncias, también hay docentes que han sido víctimas de robos. En la Universidad de Panamá se reportan situaciones similares. Uno de los dirigentes estudiantiles, Alan Camargo, pidió a las autoridades y a los diputados mayor rigurosidad en el tema.

La queja de fondo es que muchos de estos casos se resuelven fuera de la jurisdicción penal, en la Justicia Comunitaria de Paz, cuando la cuantía no supera ciertos montos. El Código Penal contempla penas de uno a tres años de prisión o sanciones alternativas, pero una norma fija que estas solo aplican cuando el valor supera los $250. Además, el tribunal puede reducir la sanción hasta en la mitad si el perjuicio es de muy poco valor. Para las víctimas, el resultado es frustrante: denuncian, identifican al responsable y lo ven de nuevo en libertad.

Para responder a esa situación, el diputado Augusto Palacios, de Vamos, presentó el Proyecto de Ley 394. La iniciativa mantiene el límite de $1,000 para la competencia de la Justicia Comunitaria de Paz en la primera falta. Si hay reincidencia, el expediente pasaría a la jurisdicción penal y a los jueces municipales. El proyecto también propone bajar de $100,000 a $10,000 la cuantía de estafa que activa una circunstancia agravante, con penas de cinco a diez años de prisión.

Para aplicar esa regla, la propuesta contempla una plataforma administrada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Esta permitiría a los jueces comunitarios consultar antecedentes correccionales en coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública, y así definir qué jurisdicción debe conocer cada caso. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó el proyecto para su primer debate, tras consultas con gremios, juristas y autoridades locales. Según la propuesta, entre enero de 2021 y julio de 2025 el Ministerio Público registró más de 71,000 casos de hurto y cerca de 25,000 estafas.

El costo económico también es alto. La Encuesta de Victimización del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, la más reciente, correspondiente a 2018, estimó en $85.8 millones las pérdidas reportadas por hogares y comercios. Esa cifra no incluye los hechos que nunca llegan a las autoridades, porque algunas víctimas desconfían del proceso, consideran que los trámites son largos o creen que no habrá consecuencias.