Gobierno propone reformar al menos 19 artículos de la Ley de Contrataciones Públicas
Economistas coinciden en la necesidad de simplificar trámites, mientras el proyecto se encamina a la Asamblea Nacional.
El Gobierno preparó un proyecto para actualizar la Ley de Contrataciones Públicas, que modificaría al menos 19 artículos. La propuesta busca modernizar el sistema de compras del Estado y fortalecer la transparencia, la integridad, la eficiencia y la seguridad jurídica de estos procesos. La norma vigente fue sancionada durante el gobierno de Martín Torrijos, y ahora le toca su turno de revisión.
El exministro de Economía Frank De Lima señaló que, cada vez que se reforma esta ley, el objetivo es el mismo: que las licitaciones sean más rápidas y transparentes, y que el Estado logre el mejor precio por los bienes y servicios que adquiere. Según él, los avances tecnológicos también ayudan a que la normativa se vaya adaptando a los tiempos actuales.
Por su parte, el economista Salomón Samudio considera que el punto central es simplificar los procedimientos. Afirmó que la ley contiene una cadena de pasos demasiado larga y que las garantías para presentar reclamos son excesivas. En su criterio, las etapas de reclamo deberían ubicarse al final de la ejecución del contrato, porque hoy esa fase ya es un proceso virtual, mecánico y transparente.
Samudio también propuso que las instituciones que compran equipos tecnológicos de alta gama, como las universidades, puedan precalificar empresas que funcionen como pequeños convenios marco. Así, los proveedores podrían competir por el derecho a venderle a esa entidad. Añadió que, con esa figura, una institución podría hacer pedidos directos por un año, según sus necesidades, para usar el presupuesto de forma más eficiente. Además, considera que deberían existir más convenios marco, por ser, a su juicio, la forma más eficaz de contratar.
El economista planteó otro cambio: que la Contraloría tenga un plazo perentorio para emitir los refrendos. Advirtió que las demoras en esta etapa afectan el presupuesto de las instituciones. El proyecto deberá ser presentado a la Asamblea Nacional, donde será debatido antes de convertirse en ley.
