Gobierno propone reformar la Ley 93 de APP para ampliar obras

El Gobierno nacional presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, norma que regula el Régimen de Asociación Público-Privada (APP). La propuesta fue llevada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien expuso los motivos ante los diputados. El objetivo declarado es ampliar el desarrollo de obras mediante esta modalidad.

Orillac señaló que, desde su aprobación en 2019, el país cuenta con un marco propio para ejecutar proyectos por esta vía, una figura de amplio uso a nivel internacional. Según el funcionario, el balance es claramente positivo, pero tras más de seis años resulta necesario revisar cómo opera la norma, evaluar sus resultados e identificar los ajustes que permitan que el sistema funcione con mayor eficiencia.

De acuerdo con un estudio citado por el ministro, la aplicación práctica del régimen ha mostrado que algunas etapas se extienden más de lo necesario y que ciertos trámites podrían simplificarse sin debilitar las garantías ni los controles previstos. También sostuvo que el marco vigente admite mejoras que favorezcan una participación mayor y mejor del sector privado. Orillac aclaró que la iniciativa no busca reemplazar el modelo de 2019, sino adaptarlo a su funcionamiento real y ajustarlo en los aspectos donde la experiencia nacional e internacional indica que puede mejorar.

El ministro también puso énfasis en el déficit de infraestructura adecuada, que, según dijo, afecta a la población, frena la inversión y reduce la generación de empleo. Atribuyó parte del problema a la postergación de obras urgentes y a proyectos que se ven afectados por cambios de gobierno. En esa línea, planteó que los proyectos y contratos de APP superan los periodos gubernamentales, por lo que su planificación requiere acuerdos básicos entre distintas fuerzas políticas, dado que una obra puede tomar años en concebirse, estructurarse y construirse.

Entre los objetivos de la reforma figuran promover una participación más activa y eficiente del sector privado, movilizar inversión privada y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios. Asimismo, busca elevar el rigor técnico, la disciplina fiscal, la transparencia y el control, de manera que cada proyecto responda a una necesidad real y ofrezca valor por el dinero público comprometido.

Según la exposición, la reforma permitiría estructurar y ejecutar más proyectos en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente. El efecto esperado incluye obras y servicios que lleguen antes y a menor costo, además de empleo en la construcción y operación, y un mayor dinamismo en las actividades económicas de su entorno.

La iniciativa contempla la mejora de 13 artículos existentes y la inclusión de 6 artículos nuevos, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales, indicó Orillac.