Gobierno descarta dispensa fiscal y detalla dos fideicomisos para reconstrucción tras el sismo

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ofreció una conferencia de prensa para responder preguntas ciudadanas sobre el impacto financiero de la crisis sísmica que afecta al país. Según explicó, el Gobierno mantendrá la disciplina fiscal y no pedirá a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, ni retirará recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

Chapman reconoció que la declaratoria de Estado de Emergencia permite al Ejecutivo evaluar dispensas fiscales, pero indicó que los análisis técnicos confirman que el país no se apartará de su meta fiscal de 3.5% del PIB para 2026. Además, detalló que la ley del FAP fija umbrales estrictos: los daños de una catástrofe deben superar el 0.05% del PIB, equivalente a unos $450 millones, para que se active ese mecanismo.

El ministro sostuvo que la emergencia está lejos de ese monto. “Nuestra estimación es que esta emergencia no está ni remotamente cerca de ese monto. La autorización del Gabinete es de hasta 100 millones y estamos lejos de esa cifra”, afirmó. Con ello, el Gobierno considera que la contingencia se mantiene en un rango financiero manejable que no compromete los ahorros del país.

Para canalizar la asistencia, la estrategia se dividirá en dos estructuras. La primera ya tiene el refrendo de la Contraloría General de la República y una cuenta bancaria formalmente abierta. Sus primeros ingresos serán recursos no reembolsables provenientes del BID, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del desembolso de seguros paramétricos por eventos catastróficos contratados por el Estado. Estos fondos atenderán solicitudes del Gobierno Central, a través del MOP, Miviot, Meduca e IMA, y de los gobiernos locales, como las juntas comunales, que deberán presentar sustentaciones formales bajo el manual de compras de la Contraloría.

La segunda estructura responde al ofrecimiento solidario de varias empresas. El Estado decidió no recibir dinero directamente, sino constituir un fideicomiso en la Caja de Ahorros, administrado y gestionado por el sector privado. Sus donaciones, en dinero y materiales, se destinarán exclusivamente a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas para familias damnificadas.

El MEF anunció además un sitio web público para rendir cuentas en tiempo real sobre el uso de cada balboa asignado. Por su parte, la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, pidió a la ciudadanía usar la plataforma Panamá Conecta, integrada de forma directa con el Sinaproc. Con ella, los ciudadanos pueden subir fotos y detalles de los daños en sus hogares, y los datos se cruzan con el Sinaproc para mapear y enviar ayuda de forma georreferenciada. La herramienta también funciona en zonas sin cobertura celular y se sincroniza al detectar señal.

A la fecha, el Sinaproc registra más de 2,000 familias con expedientes documentados que reciben asistencia directa de manera gradual.