Gabinete autoriza $3.8 millones en abogados para enfrentar arbitraje de CK Hutchison
El MEF podrá contratar sin licitación a una firma estadounidense que defenderá al país en el reclamo vinculado a Panama Ports Company, que supera los $1,500 millones según una de las versiones conocidas.
El Consejo de Gabinete le dio luz verde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para contratar, por la vía excepcional, a la firma de abogados Hogan Lovells Cadwalader US LLP. El monto aprobado es de $3,887,350 y la decisión quedó plasmada en el proyecto de Resolución 146-26. En al menos un reporte la firma aparece identificada como Hogan Lovells US LLP.
El despacho será el apoderado legal externo de la República en un arbitraje internacional de inversión presentado por CK Hutchison Holdings Limited, casa matriz de Panama Ports Company (PPC). Al tratarse de una contratación excepcional, el MEF no tendrá que pasar por el proceso regular de licitación para formalizar el contrato.
De acuerdo con la resolución, el Gobierno se enteró de lo que reclama la empresa a través de una notificación de solicitud de arbitraje enviada el 19 de agosto de 2026. Según lo divulgado, CK Hutchison pide una indemnización de más de $1,500 millones por supuestas violaciones a un tratado de protección de inversiones.
La disputa tiene que ver con las acciones del Estado que terminaron con la toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero. La empresa sostiene que su reclamo se basa en ese tratado y no en el contrato de concesión, aunque admite que el conflicto está ligado a las inversiones portuarias de PPC.
Este caso es distinto al arbitraje contractual que PPC interpuso el 3 de febrero de 2026, que corre por cuerda separada. El nuevo proceso se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), versión 2021.
Del lado de la demandante actúan Paul Hastings LLP, con sede en Washington, D.C., y Morgan & Morgan Legal, de la capital panameña. Con la autorización aprobada, lo que sigue es que el MEF firme y ejecute el contrato mientras el arbitraje avanza.
