Fundaciones familiares, el punto en común en los casos de De Gracia y Lau

Las investigaciones contra altos exfuncionarios de la administración de Laurentino Cortizo, que gobernó entre 2019 y 2024, tienen en común el modus operandi que, según la Fiscalía Anticorrupción, usaron los acusados tras el supuesto enriquecimiento ilícito. Los dos últimos imputados son Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), y Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo con el ente investigador, ambos habrían adquirido propiedades de alto valor por medio de fundaciones constituidas a nombre de sus familiares.

Mientras lideraban esas entidades, cada uno realizó un pago inicial de 100 mil dólares para comprar un apartamento. De Gracia lo destinó a una unidad en PH Costanera, y Lau Cortés a una en Santa María. La información disponible no precisa los montos del supuesto aumento patrimonial atribuido a De Gracia ni del perjuicio que se le atribuye a Lau Cortés.

El esquema ha generado preguntas ciudadanas sobre un posible blanqueo de capitales. Sin embargo, abogados consultados sostienen que comprar bienes a través de fundaciones es una práctica habitual en el país. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que esta figura no es irregular por sí misma. Según él, el posible uso indebido debe determinarse con el origen de los fondos y la identificación de los beneficiarios finales, datos que maneja el Ministerio Público y que el juez toma en cuenta al decidir una medida cautelar. Si hubo ocultamiento o incumplimiento de controles, eso debe probarse en cada caso.

Araúz también señaló que una medida distinta a la prisión preventiva no equivale a impunidad. No obstante, indicó que las autoridades deben fundamentar sus decisiones y aplicar los mismos criterios a todos, sin importar el cargo que hayan ocupado. Por su parte, el jurista Kevin Moncada Luna coincide en que el origen de los fondos puede rastrearse, aunque admitió que comprar a través de una fundación puede dificultar el proceso. Recordó que toda investigación debe respetar la presunción de inocencia y dijo que no considera prudente opinar sobre las medidas cautelares sin conocer el expediente.

El abogado penalista Omar Singh, en cambio, asegura que hay selectividad en el sistema de justicia. Según su versión, en la audiencia de Lau Cortés los protocolos de seguridad exigían que el aprehendido compareciera esposado de manos y pies, pero llegó a Plaza Ágora sin esas medidas y se le permitió cambiarse de ropa. Singh considera que esos hechos anticipaban el desenlace de la audiencia y acusa favoritismo, recordando que el exdirector de la CSS enfrenta cargos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Por último, el fiscal Eduardo Rodríguez detalló que la trazabilidad de los fondos de ambos exdirectores incluye transferencias internacionales, compras de propiedades en zonas de playa y pagos a tarjetas de crédito. Con ese rastreo, el Ministerio Público busca establecer el origen del dinero y quién se benefició de los bienes adquiridos.