Fórum de Periodistas rechaza demanda de $1.5 millones contra periodista y medio
La organización advierte que las demandas de alta cuantía pueden inhibir la investigación sobre el poder. El caso involucra un reportaje sobre cupos de transporte en Bocas del Toro.
El Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información rechazó con firmeza la demanda civil por $1.5 millones que el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, presentó en 2022. La acción va dirigida contra la empresa editora de un diario panameño y contra la periodista Mary Triny Zea, por una investigación sobre la adquisición de cupos del transporte público en Bocas del Toro.
Según el comunicado difundido este viernes, el reportaje se basó en información obtenida por vías legales de acceso a la información pública. Entre esos datos figuran registros de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, solicitados al amparo de la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia. La pesquisa examinó los vínculos entre organizaciones beneficiarias de cupos, el diputado y personas de su entorno familiar.
El Fórum citó advertencias de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el efecto de las acciones judiciales contra periodistas y medios. De acuerdo con esa postura, este tipo de procesos suele durar mucho tiempo y reclamar sumas elevadas, lo que puede provocar un desgaste económico, desalentar investigaciones y favorecer la autocensura.
La organización también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social. Agregó que, en asuntos de interés público, los estándares interamericanos exigen un umbral más alto para declarar responsabilidad civil. Para ello se debe demostrar que hubo conocimiento de la falsedad, intención de causar daño o manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad.
El Fórum dijo que dará seguimiento al proceso, con respeto a la independencia judicial, y alertó sobre el efecto inhibidor que una reclamación económica de esta magnitud puede tener en el ejercicio del periodismo.
El caso tiene antecedentes administrativos. En marzo de 2023, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) multó con $5,000 al medio por la misma investigación. La entidad lo acusó de violar la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales, al considerar que la publicación de una fotografía de Robinson constituía un dato biométrico sensible que requería autorización para difundirse. Quince meses después, la Antai revocó la sanción, no porque cambiara de criterio, sino porque consideró que los hechos eran los mismos que se discuten en la demanda civil.
