Fiscalía detalla movimientos bancarios de Lau Cortés en presunto esquema de blanqueo

La jueza Xenia Pérez legalizó la aprehensión del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. La audiencia avanzó con la prensa fuera de la sala, luego de una solicitud de la defensa del exfuncionario. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a esa petición, pero la jueza la admitió. Aun así, el proceso no fue declarado formalmente bajo reserva.

Durante su intervención, la Fiscalía presentó un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Según ese documento, Lau Cortés depositó y retiró tres cheques en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) por 243 mil dólares. Además, durante su gestión al frente de la entidad, habría adquirido un inmueble en Santa María a través de una fundación a nombre de su esposa e hijos, por 623,693 dólares. El fiscal Eduardo Rodríguez indicó que inicialmente se desembolsaron 100 mil dólares por ese bien y que luego se habrían abonado 433 mil.

La investigación también menciona otros bienes y movimientos. Según la Fiscalía, el exfuncionario habría comprado un apartamento en Playa Blanca valorado en 235 mil dólares y un cuadro llamado «África Mía» por 50 mil. Asimismo, habría pagado 80 mil dólares para cubrir tres tarjetas de crédito. Otro hallazgo es una transferencia de 500 mil dólares a «Cervecería La 10», realizada mediante dos cheques de gerencia de 250 mil dólares cada uno, que posteriormente habrían sido enviados a República Dominicana.

La Contraloría General de la República ordenó en noviembre del año pasado el secuestro de bienes, cuentas bancarias, vehículos y créditos contra el Estado del exfuncionario, por 2.9 millones de dólares. La medida surgió tras detectar irregularidades en la compra de fármacos e insumos médicos durante su administración. Los auditores también identificaron traslados de partidas millonarias desde la CSS hacia el Gobierno Central sin los controles correspondientes. Las investigaciones abarcan del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2024.

En cuanto al perjuicio económico, la auditoría de la Contraloría supone una lesión patrimonial de 122 mil dólares. Sin embargo, el informe de la DIJ cuantifica un daño mayor al Estado, de 504 mil dólares. Sumadas, ambas cifras llegarían a 626 mil dólares.

Por su parte, la abogada del exdirector, Kathia Quiel Carreira, sostuvo durante su intervención que su cliente padece varios problemas de salud, entre ellos hipertensión, diabetes tipo II y pérdida de visión. Según dijo, consume diez medicamentos al día. La defensa expresó preocupación por el estado de salud de Lau Cortés, quien, según su abogada, ha servido al país con dignidad.