Fiscalía acusa a dirigente del Suntracs de blanqueo de capitales y estafa por fincas de Red Frog

El dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, enfrentará este 5 de octubre una audiencia intermedia por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa. La Fiscalía le atribuye la supuesta apropiación de 14 fincas del proyecto Red Frog, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.

En el escrito de acusación, presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, se pide la pena máxima para cada uno de los delitos imputados. Si el tribunal la aplicara, López podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

El caso también incluye a los dirigentes Saúl Méndez y Erasmo Cerrud. Méndez obtuvo asilo en Bolivia y después se trasladó a Venezuela, mientras que Cerrud solicitó asilo político en Nicaragua. Ninguno de los dos está presente en el proceso. López, en cambio, mantiene una medida cautelar de reporte periódico con brazalete electrónico, establecida en febrero de 2026, cuando un juez de garantías sustituyó el arresto domiciliario.

La audiencia intermedia estaba prevista para el 23 de julio, pero fue suspendida y reprogramada para este 5 de octubre. En esa diligencia, la Fiscalía y la defensa deben presentar las pruebas que usarán en el juicio, y el juez de garantías decidirá cuáles son conducentes y si el proceso avanza a la etapa de juicio. Antes, el 14 de mayo, la jueza de garantías Jazmín Jaén había rechazado una petición de la Fiscalía para ampliar por un año más el plazo de investigación.

La investigación se inició en 2022, tras una denuncia de trabajadores del Suntracs. Las fincas fueron entregadas a obreros como compensación luego de un litigio laboral con la empresa Pillar Construction, S.A., que después cambió su nombre a Bastimentos Holding. Esa empresa había sido condenada a pagar unos $7 millones por salarios caídos a 412 trabajadores, pero pactó un acuerdo extrajudicial para entregar las 14 fincas, valoradas en aquel momento en $3 millones. Según la investigación, los dirigentes usaron esas propiedades como garantía de un préstamo hipotecario con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. Como la cooperativa no tenía fondos suficientes, el propio sindicato habría prestado el dinero, unos $3 millones. En agosto de 2025, la jueza de garantías Sheryl Toullier declaró legal la aprehensión de las propiedades, decisión que luego mantuvo el Tribunal Superior de Apelaciones.

La defensa, representada por Antonio Vargas, sostiene que la Fiscalía no ha probado la existencia de los delitos de blanqueo de capitales ni de falsedad. Vargas afirma que se trata de una disputa laboral o civil, que debía resolverse en esas jurisdicciones, y acusa al gobierno de usar el proceso como herramienta de persecución política contra el Suntracs.