Disputa por facturas de agua y luz en PH Los Toneles llega a tribunales

Una disputa por el pago del agua y la electricidad en el PH Los Toneles, en Vía España, llegó a los tribunales. Residentes del edificio presentaron una demanda civil porque, según dicen, durante años asumieron parte de esos costos que correspondían a otros ocupantes. La Defensoría del Pueblo, que tiene su sede en el inmueble, sostiene que cuenta con contratos de suministro propios y que el pago del agua corresponde a la promotora, según el contrato de arrendamiento.

Los vecinos aseguran que la Defensoría y otros ocho locales comerciales se conectaron de forma irregular a los servicios. Según su versión, la situación se prolongó por 15 años. El representante legal de la asamblea de propietarios, Julio César Franco, explicó que las facturas de agua nunca bajaban de $1,000 al mes. Al investigar ante el Idaan, encontraron que el edificio y los locales no tenían medidores individuales y que la Defensoría, al registrarse como cliente, dio el número de finca del condominio.

La asamblea pidió a El Tecal, promotora del edificio, que instalara medidores independientes. Tras esa gestión, el cobro de agua cayó a $25 mensuales. Los vecinos sospecharon que algo similar ocurría con la energía eléctrica, y el medidor eléctrico de la institución se instaló recién en febrero pasado.

La Defensoría respondió en un comunicado que no ocupa el edificio desde hace 15 años, sino que alquila el local desde enero de 2022. Añadió que el contrato obliga a la promotora a mantener al día el pago del consumo de agua potable y que la institución cumple con sus pagos mensuales de energía. También indicó que el litigio corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y la promotora.

La demanda reclama $250,000 a El Tecal y también incluye supuestos vicios ocultos en el edificio. Franco dijo que buscaron a Eduardo Leblanc, quien fue defensor hasta abril pasado, para tratar el tema, pero que la respuesta fue una amenaza relacionada con el poder del Estado para impedirles el acceso al sótano. Los vecinos indicaron que no han tenido contacto con Ángela Russo, la actual defensora. El caso se mantiene en la vía judicial, y queda por ver cómo se resolverán los cobros pasados y las responsabilidades de cada parte.