Contraloría habilita contrataciones de emergencia para municipios afectados por el sismo
El procedimiento extraordinario regirá mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, con un tope de $100 millones y vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Contraloría General de la República adoptó, de forma provisional, un procedimiento especial y temporal para que los municipios y las juntas comunales puedan comprar bienes y contratar servicios durante la emergencia. La medida responde al Estado de Emergencia Nacional que decretó el Gobierno para atender los daños causados por el sismo del pasado viernes.
La decisión quedó plasmada en la Resolución Núm. 3076-2026-DNMySC, fechada el 12 de octubre de 2026. Con ella, las autoridades locales podrán obtener suministros de manera inmediata y a crédito. Estas compras solo podrán destinarse a atender necesidades de las comunidades afectadas y se pagarán con cargo a dos fondos municipales: el Impuesto de Bien Inmueble (IBI) y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM).
Los alcaldes y representantes deberán justificar cada compra. Para ello tendrán que presentar un informe que identifique al proveedor, los bienes o servicios recibidos, la fecha, el monto y la comunidad beneficiada. El informe debe demostrar, además, la relación directa de la compra con la emergencia y el destino final de lo adquirido. Las autoridades locales serán responsables de que los documentos que respaldan estas obligaciones sean veraces, completos y estén bien presentados.
El procedimiento se aplicará mientras esté vigente el Estado de Emergencia, declarado mediante la Resolución de Gabinete No. 108 del 10 de octubre de 2026. Sin embargo, no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026, salvo que se modifique de manera expresa. El monto total autorizado para estas contrataciones especiales asciende a hasta $100 millones.
El sismo, de magnitud 7.5, dejó daños materiales en poblados de Veraguas, Azuero y Coclé. Todavía no se conoce la totalidad de los daños, por lo que las autoridades locales deberán seguir evaluando las necesidades de las comunidades mientras se mantenga la emergencia.
