Enriquecimiento ilícito y blanqueo marcan los procesos a exfuncionarios de Cortizo
El exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por presuntos delitos ligados a una lesión patrimonial de 500 mil dólares. Otros exservidores del quinquenio 2019-2024 enfrentan casos parecidos.
El enriquecimiento injustificado y el blanqueo de capitales se han convertido en dos de los delitos que más aparecen en los expedientes contra exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo, que gobernó entre 2019 y 2024. El caso más reciente es el del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quien fue aprehendido por la presunta comisión de ambos hechos. La investigación apunta a una lesión patrimonial de 500 mil dólares.
La detención guarda relación con una resolución de secuestro de bienes emitida por la Contraloría General de la República. Según la fuente, el ente fiscalizador detectó supuestas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la gestión de Lau Cortés al frente de la institución. La medida incluye la cautela de cuentas bancarias y vehículos por unos 2.9 millones de dólares. El objetivo es que, si se comprueba la culpabilidad, el Estado disponga de activos para reparar el daño causado.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, también investiga hechos similares contra tres exfuncionarios. Se trata de Héctor Brands, exdirector de Pandeportes; Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI); y Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI. De acuerdo con las autoridades, en conjunto registran un aumento patrimonial no justificado superior a 1,801,000 dólares.
La lista de servidores con procesos judiciales incluye además al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, al exdirector de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses. A este último se le imputan también los delitos de corrupción de servidores públicos y peculado.
El patrón se repite en distintas instituciones del Estado, lo que mantiene la atención sobre el manejo del patrimonio de quienes ocuparon cargos públicos en el quinquenio anterior. Las investigaciones siguen en curso, y en estos expedientes la presunción de inocencia se mantiene hasta que existan decisiones judiciales en firme.
