Terremoto de 7.7 obliga a revisar la supervisión de escuelas y hospitales
Las autoridades reportan 419 centros educativos oficiales y 29 instalaciones de salud afectados. El análisis plantea revisar expedientes, ensayos e inspecciones de las obras.
El terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el 9 de octubre volvió a poner sobre la mesa la condición sísmica de Panamá. Más allá de los daños físicos, el movimiento de la tierra abre una discusión sobre la calidad de las construcciones y, sobre todo, sobre la supervisión y fiscalización de las obras públicas.
Según informes preliminares de las autoridades, 419 centros educativos oficiales y 29 instalaciones de salud resultaron afectados. Se trata de edificios que sostienen dos servicios esenciales: la educación de los niños y la atención de la salud de la población.
No todo daño significa una falla estructural. Grietas en paredes divisorias, desprendimiento de revestimientos y daños en cielorrasos pueden presentarse incluso en edificios bien diseñados. La ingeniería sismorresistente busca proteger vidas, reducir el riesgo de colapso y, en algunas instalaciones, mantener su funcionamiento, pero no levantar construcciones invulnerables.
Panamá cuenta desde hace décadas con normas de diseño estructural. El Reglamento Estructural Panameño, en sus distintas versiones, fija requisitos para resistir la acción sísmica y asigna categorías especiales a edificaciones de mayor importancia, como los hospitales con servicios de emergencia. En un hospital, si una parte de los servicios debe suspenderse por daños, la instalación puede quedar limitada justo cuando más se necesita.
Frente a los 419 planteles afectados, el análisis plantea varias preguntas: cuántos se construyeron antes de las normas modernas, cuántos presentan falta de mantenimiento y cuántos sufrieron daños por deficiencias constructivas o por una evaluación geotécnica inadecuada. También cuestiona qué tan rigurosos son, en la práctica, los controles de calidad de las obras públicas, por ejemplo, dónde están los registros de ensayos de materiales, quién verificó el cumplimiento de las normas y qué observaciones se hicieron antes de recibir las obras.
El planteamiento aclara que no se trata de señalar culpables sin evidencia. Sin embargo, sostiene que, si existen indicios, deben investigarse con independencia y transparencia posibles inspecciones deficientes, aprobaciones sin respaldo técnico suficiente o actos de corrupción. También recuerda que buena parte de la infraestructura educativa y hospitalaria se diseñó con criterios de otras épocas, lo que obliga a evaluar su vulnerabilidad frente a las normas actuales.
