El Salvador dicta su primera cadena perpetua por violación de una menor
Wilmer Isaac González Hernández deberá cumplir prisión perpetua por agredir sexualmente a una niña de 13 años que conoció por redes sociales.
La Justicia salvadoreña dictó la primera sentencia de cadena perpetua por violación desde que entró en vigor la reciente reforma constitucional que habilita esa pena para ciertos delitos graves. La Fiscalía General de la República confirmó el fallo, dictado contra un hombre señalado de agredir sexualmente a una niña de 13 años.
El condenado es Wilmer Isaac González Hernández, quien deberá pasar el resto de su vida en prisión. Los hechos ocurrieron entre febrero y junio de 2026 en la zona oriental del país. Según la institución, este es el primer caso juzgado a escala nacional bajo la nueva normativa que aplica la prisión perpetua a delitos sexuales.
Según la investigación fiscal, el hombre conoció a la menor el 15 de febrero de 2026 y comenzó a escribirle por redes sociales. La Fiscalía sostiene que aprovechó la diferencia de edad para manipularla y ganarse su confianza antes de cometer la agresión.
La condena llega después de que la Asamblea Legislativa, donde domina el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobara en marzo de 2026 un paquete de reformas penales. Con ellas se permite imponer cadena perpetua por homicidio, violación y terrorismo. La modificación al artículo 27 de la Constitución fue ratificada el 27 de marzo, y luego se hicieron ajustes al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras normas para hacerla efectiva.
Las reformas también contemplan la posibilidad de aplicar esta pena a menores de edad condenados por delitos graves, con disposiciones específicas de revisión de la sentencia. La iniciativa fue impulsada a petición del presidente Nayib Bukele, dentro de su estrategia contra las pandillas, que incluye el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Desde que comenzó ese régimen, más de 96.000 personas han sido detenidas por acusaciones de pertenecer a pandillas o mantener vínculos con ellas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la política de seguridad. Según datos citados por EFE, más de 500 personas han muerto bajo custodia estatal, lo que ha generado denuncias sobre posibles abusos durante la aplicación del régimen.
