Fiscalía de Nueva York reabre caso de presunta violación en fraternidad de Cornell

Los fiscales del estado de Nueva York anunciaron que reabrirán una investigación penal por la presunta violación de una mujer ocurrida en octubre de 2024 en la Universidad de Cornell. La decisión llega después de que la afectada, identificada en la demanda con el alias Jane Doe, presentara una acción civil el 16 de septiembre contra la institución y varios miembros de una fraternidad.

Según la demanda, la noche del 19 de octubre de 2024 siete hombres de la fraternidad Chi Phi la habrían agredido sexualmente en la sede del grupo. La denunciante sostiene que había consumido alcohol y ketamina, drogas que, según ella, le impidieron dar su consentimiento. El caso fue reportado a la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024. La demanda también incluye una captura de lo que describe como un chat grupal de la fraternidad en Snapchat, donde un integrante habría hecho comentarios vulgares sobre la posibilidad de un encuentro sexual con ella.

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, explicó que en su momento su oficina concluyó que las pruebas presentadas no alcanzaban el umbral legal necesario para formular cargos. Ahora, dijo, el caso será presentado a un gran jurado, un órgano que evalúa pruebas y testimonios y decide por votación si hay base para acusar. Van Houten añadió que buscó contacto con la denunciante y sus abogados para reunir más información antes de llevar el expediente ante ese panel.

El fiscal señaló que la declaración jurada que la mujer ofreció a la policía en noviembre de 2024 no mencionaba que hubiera sido drogada contra su voluntad ni que hubiera sufrido una violación en grupo. Según el resumen de Van Houten, en esa versión ella describía su participación en el consumo de drogas y en las relaciones sexuales como voluntaria y consentida. También dijo que los abogados de la mujer nunca le pidieron revisar esa declaración ni reconsiderar la decisión de no presentar cargos. Al mismo tiempo, reconoció que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia para procesar lo ocurrido.

El abogado de la demandante, Thomas Giuffra, afirmó que ella estaba traumatizada y en estado de shock en los días posteriores al hecho, y que solo habló con el agente que tomó su primera denuncia. Según él, lo esperable en un delito grave sería que se hubieran realizado varias entrevistas y se hubiera reunido evidencia. Giuffra también acusó a la fiscalía de adoptar una postura defensiva que, a su juicio, reconoce fallas en el proceso.

La demanda sostiene además que Cornell no protegió a la víctima ni sancionó de forma adecuada a los implicados, a quienes, según el texto, se les dio la opción de atenuar su conducta mediante ensayos. La universidad rechazó esa versión. En un comunicado, indicó que el caso fue revisado por un panel de profesores y personal capacitado, que impuso sanciones como expulsiones y suspensiones, y que ninguno de los acusados recibió únicamente la tarea de escribir ensayos. En noviembre de 2024 la institución ya había suspendido a la sección local de Chi Phi y a varios estudiantes, y había abierto una investigación interna y otra por derechos civiles bajo el Título IX.

Jeremy Saland, abogado de uno de los hombres señalados, negó las acusaciones. Reconoció que su cliente publicó un comentario inmaduro en Snapchat, pero aseguró que no tuvo ninguna actividad sexual con la demandante, que no la tocó y que no consumió ketamina. El caso ha ganado atención nacional, y varias figuras públicas se han pronunciado al respecto.