Lo que se publica desde un celular en Panamá puede ser delito

En Panamá, el uso masivo de Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp ha dado paso a conductas que, aunque ocurren en un entorno virtual, causan daños reales. Entre ellas se mencionan el acoso, la extorsión, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la suplantación de identidad y las estafas. En los casos más graves, también se advierte la captación de menores con fines de explotación.

La Ley 51 de 22 de octubre de 2008, con sus reformas posteriores, y el Código Penal buscan cubrir parte de estas conductas. Sancionan, entre otras acciones, el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la interceptación de datos y la difusión de información obtenida de forma ilícita. Según el análisis, el problema es que la tecnología cambia más rápido que las normas.

Uno de los temas más sensibles es la difusión de imágenes o videos íntimos sin autorización, conocida como pornografía de venganza. Que una persona haya permitido que otra viera un contenido íntimo no significa que haya autorizado su divulgación. Estas conductas pueden relacionarse con delitos contra la intimidad y con formas de violencia digital contempladas en reformas recientes sobre violencia contra la mujer.

En cuanto al grooming, se trata del acercamiento de un adulto a un menor por redes con fines de abuso sexual, que puede comenzar con una conversación aparentemente normal. El Código Penal permite perseguir estas conductas incluso antes de que exista contacto físico. Además, una imagen o dato publicado sobre un menor puede seguir circulando durante años.

Acusar falsamente, difamar o publicar contenido para perjudicar a alguien desde una cuenta anónima también puede tener consecuencias legales. La libertad de expresión tiene límites en derechos como el honor y la dignidad, y un nombre inventado no garantiza que sea imposible identificar a quien está detrás del perfil. Las amenazas y las estafas se analizan según el contexto y lo que realmente se dijo o se hizo, sin que el medio cambie por sí solo su naturaleza jurídica.

El reto también es probatorio. Una publicación puede borrarse en segundos, los servidores pueden estar fuera del país y no siempre es fácil identificar al autor. Por eso, la conservación y la cadena de custodia de la evidencia digital, junto con capturas certificadas, metadatos e informes periciales, son fundamentales. Un caso puede debilitarse por una prueba mal documentada, no necesariamente porque falte la ley.