El agua como infraestructura económica: el reto hídrico de Panamá

Durante la cena de apertura de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, organizada por Sumarse, se presentó una lámina con un mensaje directo: la lluvia ya no puede considerarse una garantía para Panamá. La gráfica mostraba cómo las precipitaciones en la cuenca del Canal han variado de forma notable de un año a otro. La lectura no es que el país haya dejado de recibir lluvia, sino que no se puede asumir que llueva en la cantidad, el lugar y el momento necesarios.

El planteamiento sostiene que el agua debe verse como infraestructura, al mismo nivel de carreteras, puertos, aeropuertos, energía y telecomunicaciones. Ninguna ciudad, industria o actividad productiva funciona sin un abastecimiento confiable. Además, el mismo sistema hídrico atiende a más de la mitad de la población y hace posible la operación del Canal, uno de los principales activos estratégicos del país. Por eso, la seguridad hídrica se presenta como un asunto económico y de competitividad, y no solo ambiental o social.

Según el texto, el clima tropical creó la idea de que el agua era un recurso ilimitado. Sin embargo, tener lluvias abundantes no equivale a contar con suficiente agua. Para garantizarla hace falta proteger las cuencas, almacenar el recurso, distribuirlo de forma eficiente y usarlo con responsabilidad. La sequía de 2023 y 2024 evidenció las consecuencias de no tener capacidad de almacenamiento suficiente: hubo restricciones de tránsito y calado que afectaron la operación canalera y enviaron una señal a las cadenas logísticas internacionales.

En ese contexto, el proyecto del lago de Río Indio cobra especial importancia. De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, es la alternativa más viable para atender las necesidades futuras de agua para consumo humano y para la operación del Canal. La obra permitiría almacenar unos 1,294 millones de metros cúbicos, una capacidad cercana a la del lago Gatún y casi el doble de la de Alajuela. El agua llegaría a Gatún por un túnel de unos nueve kilómetros, por gravedad y sin estaciones permanentes de bombeo.

El análisis advierte que la ejecución tendrá impactos sociales y ambientales que deben evaluarse y atenderse con transparencia. Las familias afectadas necesitan información oportuna, participación real y compensaciones justas, así como condiciones para recuperar sus medios de vida. También insiste en que Río Indio no debe servir de excusa para descuidar otras medidas, como reducir las pérdidas en las redes de distribución, proteger las zonas de recarga, mejorar la medición y promover un consumo más eficiente.

El sector privado, según el planteamiento, también tiene una tarea pendiente. Las empresas deberían conocer cuánta agua usan, de dónde proviene y qué pasaría si su disponibilidad disminuyera. Con esa información, los riesgos hídricos podrían incorporarse a los planes de continuidad, a las decisiones de inversión y a la discusión en las juntas directivas.