Diputados del Parlacen dicen que la salida de Nicaragua no tiene validez jurídica

Diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) sostienen que la intención de Nicaragua de retirarse de forma unilateral no es viable desde el punto de vista jurídico y no produce efectos automáticos. Según explicaron a EFE, el Tratado Constitutivo no incluye una cláusula de denuncia expresa, lo que deja sin sustento el anuncio del Gobierno nicaragüense de abandonar el organismo y otras instancias del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

La notificación lleva fecha del 3 de octubre de 2026 y fue enviada por la Cancillería de ese país a la Junta Directiva del Parlacen. En el documento, el Gobierno que copreside Daniel Ortega y Rosario Murillo asegura que actúa en pleno ejercicio de su soberanía al denunciar el tratado constitutivo de este parlamento y de otras instancias políticas regionales, con efecto inmediato.

La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, precisó que el texto fundador no prevé el retiro unilateral y que cualquier solicitud debe ser evaluada y aprobada por la Cumbre de Presidentes del SICA. Su colega Carlos Barreda, también de Guatemala, señaló que la forma en que se redactó el tratado deja a los países prácticamente atados al organismo. Como ejemplo, citó el caso de El Salvador, que eliminó de su constitución el artículo que le permitía elegir diputados al Parlacen, pero que no puede salirse del parlamento porque no tiene el camino legal para hacerlo.

El Parlacen fue creado dentro del SICA, que nació el 13 de diciembre de 1991 con la firma del Protocolo de Tegucigalpa para consolidar la paz y la democracia tras las guerras civiles de los años setenta y ochenta. Actualmente lo integran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mientras que Costa Rica es el único país del istmo que no se ha adherido. Sus resoluciones y dictámenes son consultivos y no obligatorios para los Estados, por lo que es muy criticado. Panamá intentó abandonarlo en 2009 y El Salvador en 2025, con el argumento de que es inoperante y costoso. En Panamá, además, se han lanzado duras críticas por la inmunidad que ofrece a sus diputados, señalada como un obstáculo para procesos judiciales.

Para Barreda, la postura de Managua responde al creciente aislamiento del Gobierno de Ortega y Murillo, cuestionado por violaciones a los derechos humanos, la suspensión de elecciones y la persecución de opositores, además de las tensiones dentro del SICA por el nombramiento de representantes. Los entrevistados describen un momento de parálisis institucional, con una secretaría ejecutiva sin titular durante años y una Corte Centroamericana de Justicia desintegrada, factores que debilitan el diálogo diplomático en la región.

Barreda concluyó que la integración centroamericana debe fortalecerse para que la región se inserte unida en el mundo, pero advirtió que instituciones como el Parlacen no tendrán futuro si no se reforman.