Detienen en Panamá a exalcalde de Manta y su hijo en operación por narcotráfico

Las autoridades ecuatorianas detuvieron en Panamá a Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de la ciudad de Manta entre 2009 y 2014, y a su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta vinculado al correísmo. La información fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien explicó que la operación fue internacional y que, en paralelo, en Guayaquil fue arrestado Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, que gobernó entre 1996 y 1997.

En la misma diligencia en Guayaquil también fueron aprehendidos Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. Según el ministro, los cinco detenidos son buscados por la justicia estadounidense por presuntos hechos relacionados con el narcotráfico.

La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la Interpol. Reimberg señaló, en una publicación en su cuenta de X, que las acciones forman parte de la cooperación internacional contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Agregó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, en el marco de los procesos de extradición hacia Estados Unidos.

Los rumores sobre el arresto de los políticos manabitas circulaban desde el martes en redes sociales, pero fuentes del movimiento político Sí Podemos los desmintieron ante medios locales. Estrada Bonilla es ahora candidato nuevamente a la alcaldía de Manta para las elecciones del 29 de noviembre. Su hijo, por su parte, intentó postularse a la prefectura de Manabí, pero le rechazaron la inscripción.

La detención del hijo de Bucaram ocurre casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano condenara a él y a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada. El caso se relaciona con la comercialización irregular de pruebas para detectar el covid-19 durante la pandemia. Los jueces aceptaron la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que entre marzo y agosto de 2020 una estructura delictiva obtuvo beneficios económicos al vender unas 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos de forma irregular.

Tras conocerse la sentencia, el expresidente Abdalá Bucaram calificó el fallo de ridículo. Sostuvo que se trató de un acuerdo entre privados, por el que no estaban obligados a presentar facturas, y anunció que recurriría la decisión.