Nuevo anteproyecto de descuentos para jubilados llega a la Asamblea tras veto

La Asamblea Nacional recibió un nuevo anteproyecto para modificar los descuentos que tienen los jubilados y pensionados en Panamá. La iniciativa, presentada por el diputado Javier Sucre Mejía, busca actualizar la Ley 6 del 16 de junio de 1987, que regula estos beneficios. Llega dos semanas después de que el presidente José Raúl Mulino vetara en su totalidad el Proyecto de Ley 226, al considerar que era inconveniente e inexequible.

El veto frenó una propuesta que buscaba ampliar los beneficios para los adultos mayores, pero también dejó abierta la pregunta sobre quién pagaría esas rebajas. Durante las consultas, representantes del sector empresarial advirtieron que, sin un mecanismo de compensación efectivo, el costo recaería en los comercios, sobre todo en las pequeñas empresas, que tienen menos capacidad para absorber descuentos obligatorios.

Para responder a esa objeción, el texto crea un fondo del Programa de Apoyo a la Microempresa, administrado mediante un fideicomiso. Las microempresas acreditadas ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) recibirían reembolsos por los descuentos concedidos, siempre que estén debidamente facturados, en un plazo de uno a tres meses. Además, se propone un crédito fiscal equivalente al 100% del Impuesto sobre la Renta para los contribuyentes que cumplan las condiciones, con posibilidad de cederlo a terceros y aplicable a partir de las declaraciones del 1 de enero de 2027. La viabilidad del fondo dependerá de su financiamiento y de las reglas de funcionamiento que se definan.

En salud, el anteproyecto fija un descuento del 25% en medicamentos prescritos, por encima del 10% de la ley vigente, aunque por debajo del 40% planteado en discusiones previas. Para pacientes con cáncer, propone una rebaja del 30% en terapias, medicamentos e insumos relacionados con su tratamiento. También establece 25% en honorarios de medicina general y especialidades, y 15% en optometría y oftalmología. En movilidad y cuidado, incluye un 25% en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y colchones antiescaras.

En restaurantes y franquicias, el descuento sería de 25% en consumos individuales, lo que elimina la diferencia que hoy existe con la comida rápida, que tiene 15%. En servicios públicos, plantea 30% en la factura mensual de electricidad para clientes residenciales con consumo de hasta 600 kilovatios hora, y 30% en internet residencial y televisión por cable, siempre que el contrato mensual no supere los $50. En promociones, el jubilado tendría un 15% adicional sobre el precio rebajado, y los comercios deberían mostrar tanto el precio regular como el de la oferta.

La fiscalización pasaría a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en lugar del esquema municipal de la ley original. Las multas irían de $500 a $10,000 según la facturación del infractor, y podrían duplicarse en caso de reincidencia. Los ingresos por sanciones se repartirían en partes iguales entre el Fondo Especial para Jubilados y Pensionados (FEJUPEN) y el Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social, regulado por la Ley 438.

La discusión volverá a enfrentar a dos posiciones. Los jubilados reclaman mayor capacidad de compra ante el costo de la vida y el estancamiento de las pensiones, mientras que el sector empresarial exige mecanismos de compensación sostenibles. El Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ya habían manifestado reservas sobre la propuesta anterior. Guillermo Cortés, coordinador del Movimiento de Jubilados Mundos, indicó que el grupo aceptó mantener sin cambios los descuentos para hotelería, cruceros y servicios técnicos, tras las conversaciones con representantes de la empresa privada y el presidente Mulino. Cortés espera que el proyecto sea remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y reciba respaldo antes del 29 de octubre, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias. La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, ya recibió formalmente la iniciativa.