Delitos sexuales superan las 5,186 denuncias y buscan frenar la revictimización

El Ministerio Público reportó que, hasta septiembre, recibió 5,186 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que representa un aumento de 11% frente al mismo periodo del año anterior. El volumen de casos preocupa a las autoridades y a la población, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad.

Por provincias, Panamá encabeza la lista con 1,050 denuncias, seguida de Chiriquí con 825, Panamá Oeste con 708 y la comarca Ngäbe-Buglé con 619. Bocas del Toro registró 514, Coclé 331, Veraguas 322 y San Miguelito 241. Colón reportó 210, Herrera 107, Darién 105, Los Santos 95, Guna Yala 37 y Emberá Wounaan 22.

Entre los delitos más denunciados figura el acceso sexual con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, con 1,956 casos. Le siguen la corrupción de personas menores de edad, con 291, y la pornografía infantil, con 70. Según datos del Ministerio Público, estos tres delitos suman 436 denuncias más que en 2025, lo que equivale a un 23.2%.

La especialista en protección de niños, niñas y adolescentes Lucy Córdoba insistió en reforzar la prevención y señaló que esta tarea no recae solo en el Estado, sino en toda la sociedad. Recomendó a los padres vigilar de forma constante a sus hijos, conocer el entorno en el que se desenvuelven y reportar cualquier situación que despierte sospechas. Advirtió que las redes criminales más peligrosas suelen actuar sin hacer ruido. Además, pidió a la ciudadanía no temer a denunciar, ya que cada denuncia puede evitar que otros menores sean víctimas.

En paralelo, llegó a la Asamblea Nacional una iniciativa de la diputada Shirley Castañedas para evitar la revictimización, un factor que en algunos casos puede desalentar las denuncias. La propuesta busca que los menores no sean entrevistados repetidamente en las investigaciones. En su lugar, la entrevista se realizaría una sola vez ante un juez de garantías y quedaría grabada para introducirla luego al juicio oral. Según la diputada, el mecanismo se alinearía con estándares internacionales de derechos humanos y respetaría el interés superior del menor.

El anteproyecto será analizado por la comisión correspondiente, que determinará su viabilidad jurídica. De ser aprobado, pasará al Pleno para su discusión en segundo y tercer debate.