Defensoría del Pueblo cierra de forma permanente su oficina regional en Arraiján

La Defensoría del Pueblo de Panamá cerró de manera permanente su oficina regional en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. La decisión fue ordenada por la defensora del pueblo, Ángela Russo, mediante la Resolución No. DDP-DAJ-106-2026, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30636.

Según el documento, el cierre obedece a un proceso interno de reestructuración administrativa y se hará efectivo a partir del 16 de octubre. La resolución se apoya en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que faculta a la titular para determinar y organizar las defensorías regionales según las necesidades del servicio. Ese mismo artículo establece que estas oficinas deben ubicarse, preferentemente, en las cabeceras de las provincias, en comarcas o en otras áreas que se consideren necesarias.

La resolución no precisa qué ocurrirá con el personal que trabajaba en las oficinas de la entidad en Arraiján al entrar en vigencia la medida, un punto que queda pendiente para los funcionarios afectados.

La oficina había sido abierta en 2023, durante la gestión del exdefensor del pueblo Eduardo Leblanc González. Su creación buscaba atender la necesidad de proteger, defender y promover el respeto de los derechos humanos en uno de los dos distritos más extensos de Panamá Oeste.

El cierre se produce en un contexto de presupuesto ajustado. Para el próximo año 2027, la institución deberá enfrentar un recorte presupuestario superior a $3 millones para cumplir sus tareas básicas de protección de derechos humanos. El monto recomendado para la entidad asciende a $6.787.534,00, de los cuales $6.583.097,00 corresponden a gastos de funcionamiento y $204.437,00 a inversión. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Russo señaló que esa asignación cubre apenas el 68,1% de los recursos que requieren los programas de la institución para el próximo año.