Panamá Pacífico en el centro del debate sobre controles de acceso y libre tránsito
Un productor agropecuario cuestiona si la vigilancia aduanera en el polo económico limita el derecho de los ciudadanos a circular por su propio territorio. Plantea que los resultados del proyecto merecen un análisis numérico más detallado.
La discusión sobre el alcance de los controles de acceso en Panamá Pacífico volvió a cobrar fuerza tras una columna de opinión publicada por un productor agropecuario, miembro de Anagan y de Asoproc. El texto parte de la historia de la recuperación de la antigua Zona del Canal, un proceso que se consolidó con los Tratados Torrijos-Carter y la reversión de las áreas canaleras, y que, según el autor, buscaba que todo el territorio estuviera bajo administración panameña y abierto a todos los ciudadanos.
El columnista reconoce que Panamá Pacífico nació para convertir un antiguo espacio vinculado a la actividad militar y canalera estadounidense en un polo de inversión, empleo y desarrollo económico. Sin embargo, sostiene que a 22 años de su creación habría que revisar con cifras si el proyecto y su desarrollador han cumplido los fundamentos con los que se establecieron. Anunció que abordará ese punto en un trabajo aparte.
El eje de la columna es la diferencia entre el control aduanero y el derecho de tránsito. Según el texto, una zona económica especial puede aplicar reglas particulares para facilitar inversiones y fiscalizar mercancías, pero no puede convertirse en un territorio separado. El autor cita la Constitución Política, que reconoce la libre circulación por el territorio nacional con las limitaciones que fijen las leyes o reglamentos específicos.
A partir de ello, el autor plantea una pregunta que considera central: si los controles que existen en el área fiscalizan mercancías o limitan la libre circulación de personas. Señala que la administración del proyecto y el desarrollador han defendido los accesos bajo la necesidad de vigilancia aduanera, explicación que, a su juicio, debe ser analizada por la ciudadanía y por las autoridades. También menciona a Veracruz y otras comunidades del distrito de Arraiján, que, según describe, siguen reclamando servicios públicos, infraestructura, seguridad y oportunidades económicas pese a estar cerca de un proyecto de inversión moderno.
La columna no presenta cifras nuevas ni una respuesta oficial del proyecto o de las autoridades. Su planteamiento es que el éxito de Panamá Pacífico debe medirse también por su integración con las comunidades vecinas. El autor concluye que la soberanía implica que todos los panameños puedan ejercer sus derechos en el territorio recuperado.