De la Espriella ordena ofensiva total contra el ELN y disidencias de las FARC
El presidente colombiano los acusa de narcoterrorismo y exige la liberación de cinco funcionarios secuestrados. Lo dijo desde Arauca, en la frontera con Venezuela.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el lunes una ofensiva total contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al referirse a estos grupos, los llamó narcoterroristas y aseguró que el Estado demostrará con acciones concretas que su voluntad política es real.
El anuncio lo hizo al terminar una reunión regional en Arauca, departamento del este del país que limita con Venezuela. Según explicó, su Gobierno buscará golpear a los cabecillas de estos grupos armados ilegales y también a las fuentes con las que financian sus actividades, con el objetivo de desarmarlos.
Durante su intervención, De la Espriella exigió al ELN que libere de inmediato a cinco funcionarios que siguen en poder de esa guerrilla. Entre ellos hay dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que permanecen retenidos desde mayo de 2025. Para lograr su rescate, el mandatario informó que dio instrucciones al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para intensificar las operaciones.
El presidente también dejó claro que no negociará con lo que llamó narcoterrorismo. Según su postura, los secuestradores tienen una sola salida, que es entregar a los retenidos, o enfrentar todo el peso de la justicia.
Arauca es uno de los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia. En esa zona operan el ELN y disidencias de las FARC, que se disputan el control del territorio, un corredor clave para el narcotráfico. Los enfrentamientos constantes entre ambos grupos han dejado cientos de muertos en los últimos años. Solo en 2022, una ola de violencia causó más de 130 asesinatos y obligó a huir a miles de personas.
La orden de ofensiva marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad del Gobierno frente a estos grupos. Aún no se conocen los detalles operativos de las acciones que vendrán, ni los plazos para ejecutarlas.
