CSJ no admite amparo de Nadia del Río contra cautelares sobre sus bienes

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río. El recurso buscaba frenar una supuesta orden verbal de la directora general del Registro Público para imponer medidas cautelares sobre bienes de su propiedad. La decisión fue fijada en la secretaría de la Corte mediante el Edicto No. 1357, y el fallo lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha.

La resolución desestima uno de los dos recursos que la exfuncionaria presentó ante la Corte para detener acciones de la Contraloría General de la República y del Registro Público, que, según su defensa, han afectado su patrimonio. Además, Del Río demandó la inconstitucionalidad de la Resolución 3126-2026, expedida por la Contraloría, con la que se abrió un proceso de investigación en su contra.

El proceso tiene antecedentes. El 8 de julio, el contralor Anel Flores presentó una denuncia contra Del Río. Posteriormente, el 24 de agosto, ella pidió una audiencia de afectación de derechos contra el contralor, pero la magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, declinó competencia en favor del Tribunal de Cuentas. Según la información conocida, la magistrada consideró que la Corte solo puede intervenir cuando la supuesta vulneración de derechos, durante la fase de investigación, se atribuye al fiscal de la causa.

La defensa también cuestionó que entre las cuentas secuestradas por orden del contralor se encuentre la cuenta donde se deposita la pensión de manutención de su hija menor de edad. Ese reclamo forma parte del argumento que llevó a la exfuncionaria a acudir a los tribunales.

El edicto no precisa las razones por las que la Corte no admitió el recurso. No queda claro si el motivo fue de forma en la presentación o de competencia, por lo que la decisión deja abiertas varias preguntas sobre el curso del caso.

Del Río, abogada de 43 años, era considerada una de las funcionarias más influyentes del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y mantenía una cercana relación con el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien fue candidato presidencial del PRD en las elecciones de mayo de 2024. Aunque figuraba en la planilla oficial como directora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, con un salario mensual de $6,000, era asistente de Cortizo. Carrizo también es investigado por presunto enriquecimiento injustificado, en una causa separada.