Crisis en el Tribunal Constitucional de Polonia tras la suspensión de su presidente

Polonia atravesó este sábado una jornada de incertidumbre institucional tras una noche tensa en torno al Tribunal Constitucional (TC). El control del organismo está en disputa entre los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria, que respalda al primer ministro Donald Tusk, y la dirección que sostiene el presidente Karol Nawrocki, su rival político.

El conflicto empezó el viernes por la tarde. La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión inmediata del presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y se puso al frente del tribunal. A petición de la magistrada, la Policía entró en la sede y desde la noche impide el acceso a los dos suspendidos, mientras cientos de manifestantes se concentran frente a la verja del edificio.

Durante la madrugada hubo tumultos y enfrentamientos entre antidisturbios, diputados de la oposición y manifestantes en la entrada. Nawrocki interrumpió un viaje oficial a Senegal y regresó a Varsovia. Pasada la medianoche entró al tribunal junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński. Allí acusó a la jueza de haberse hecho con el organismo por la fuerza y de vulnerar el orden constitucional, y convocó para hoy consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias.

La legitimidad de Korwin-Piotrowska es el punto más discutido. No reconoce a Święczkowski, al que acusa de bloquear a los jueces elegidos por el Parlamento actual, y se apoya en una ley de 2016 que otorga la presidencia al magistrado con más antigüedad cuando el titular no puede delegar. Al contar esa antigüedad, incluye los años de ejercicio jurídico previos a su llegada al TC, algo que cuestiona otro juez, Wojciech Sych, con más tiempo en el organismo. Además, Nawrocki nunca le tomó juramento, requisito que la Presidencia y la dirección del tribunal consideran necesario.

Varios juristas polacos sostienen que una jueza, por sí sola, no puede suspender al presidente de su tribunal, facultad que correspondería a la asamblea general del órgano. Tusk defiende que los nuevos magistrados fueron elegidos conforme a la Constitución y acusa a Nawrocki de haber incumplido su deber al negarse a tomarles juramento.

La crisis tiene raíces en la reforma judicial del partido ultraconservador PiS, que gobernó entre 2015 y 2023 y llenó el TC de jueces afines. Esas reformas fueron criticadas por la Comisión de Venecia y por Bruselas, que en 2017 activó por primera vez el artículo 7 del Tratado de la UE. El Tribunal de Justicia de la UE también impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo.

Tusk intenta renovar el tribunal, pero choca con la resistencia del presidente y de la dirección saliente. Aunque la Comisión Europea cerró el procedimiento del artículo 7 en mayo de 2024, la herencia institucional del PiS sigue frenando los planes del Gobierno. El TC lleva años en punto muerto, con magistrados que se niegan mutuamente la legitimidad, y las consecuencias de esta crisis todavía no están claras.