Corte confirma juicio a dos exdirectivos de FCC por peculado en el MOP

La Corte Suprema de Justicia confirmó el llamamiento a juicio contra dos exdirectivos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Casla y Del Barrio, quienes serán procesados en Panamá por presunto peculado agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La decisión está contenida en un fallo fechado el 10 de septiembre, que se hizo público recientemente.

El Pleno, con ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo, rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Ricaurte González. Su objetivo era dejar sin efecto el llamamiento dictado el 9 de marzo por la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería. El abogado sostenía que sus clientes fueron indagados en España por la Fiscalía Anticorrupción sin cumplir las formalidades de una asistencia judicial, lo que, según él, anulaba esas diligencias y vulneraba sus derechos fundamentales.

El fallo concluyó que, a simple vista, no se evidencian violaciones a las garantías constitucionales de los procesados. Además, la Corte señaló que el amparo pretendía convertir al Pleno en una nueva instancia para revisar tanto las actuaciones de la jueza como las de la Fiscalía Anticorrupción.

En sus declaraciones indagatorias desde España, Del Barrio y Casla afirmaron bajo juramento que su jefe inmediato, Avelino Acero, les relató que el entonces ministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, le condicionó el cobro de una deuda del Estado por proyectos ya ejecutados al pago de un 10% en coimas, porcentaje que se aplicaría también a nuevos proyectos. Según los exdirectivos, la misma práctica alcanzó a otras contratistas, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco. Odebrecht ya confesó haber pagado coimas. Ellos añadieron que las reuniones con el MOP se realizaban en oficinas de Odebrecht, en la Torre de las Américas, donde se acordaban los pagos y se repartían los proyectos.

Esas declaraciones fueron excluidas del expediente principal cuando el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la declaratoria de causa compleja. Por este caso también están llamados a juicio el exministro Suárez, Acero, María Eugenia González, Juan Manuel Vázquez, León Emilio Hallpen y Héctor Agustín Castillo. La causa acumula las investigaciones por irregularidades en la construcción de los proyectos de vía Brasil y la cinta costera, que se iniciaron con informes de auditoría de 2017 de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría General de la República. Esas auditorías revelaron sobreprecios en los proyectos asignados a FCC.

Según la auditoría, el tramo I de vía Brasil tuvo un costo inicial de $168.8 millones, pero terminó en $239.4 millones. El tramo II pasó de $161.1 millones a $216.2 millones. En la cinta costera, la fase 1 tenía un costo previsto de $133 millones y subió a $189.1 millones. La segunda fase se adjudicó en $52.6 millones, y la tercera, en $776.9 millones, cifra que luego se elevó a $782.1 millones. Estos contratos fueron ejecutados por FCC y Odebrecht durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).