Confirman juicio para dos exdirectivos de FCC por peculado en el MOP

Dos exdirectivos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) serán juzgados en Panamá por presunto peculado agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La Corte Suprema de Justicia confirmó el llamamiento a juicio mediante un fallo fechado el 10 de septiembre, que se dio a conocer días después.

La decisión fue adoptada por el Pleno, con ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo, quien actuó como suplente de la magistrada María Eugenia López Arias. El Pleno rechazó un amparo de garantías presentado por el abogado Ricaurte González, en representación de Casla y Del Barrio, que pretendía dejar sin efecto el llamamiento dictado el 9 de marzo por la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería.

El abogado sostenía que sus clientes fueron indagados en España por la Fiscalía Anticorrupción sin cumplir las formalidades de una asistencia judicial, lo que, según él, les restaba validez y vulneraba sus derechos fundamentales. El fallo, sin embargo, indica que a simple vista no se evidencian violaciones a las garantías constitucionales de los procesados. Además, señala que el amparo buscaba convertir al Pleno en una nueva instancia para revisar las actuaciones de la jueza y de la Fiscalía.

En sus declaraciones indagatorias, Del Barrio y Casla afirmaron bajo juramento que su jefe inmediato, Avelino Acero, les contó que el entonces ministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, le planteó un pago de 10% para cobrar deudas del Estado por proyectos ya ejecutados, y que ese porcentaje se aplicaría a nuevos proyectos. Según sus declaraciones, la práctica también alcanzó a otras contratistas, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco, y las reuniones se realizaban en oficinas de Odebrecht, en la Torre de las Américas. Odebrecht ya confesó el pago de sobornos. Estas declaraciones fueron excluidas del expediente principal cuando el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la declaratoria de causa compleja.

También están llamados a juicio el exministro Suárez, Acero, María Eugenia González, Juan Manuel Vázquez, León Emilio Hallpen y Héctor Agustín Castillo. La causa acumula las investigaciones por irregularidades en los proyectos de vía Brasil y la cinta costera. Las pesquisas se iniciaron tras auditorías de 2017 de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría General, que revelaron sobreprecios en obras asignadas a FCC. Los proyectos se desarrollaron durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).

Según las auditorías, el tramo I de vía Brasil tuvo un costo inicial de $168.8 millones y terminó en $239.4 millones. El tramo II pasó de $161.1 millones a $216.2 millones. En la cinta costera, la fase 1 tenía un costo previsto de $133 millones y se elevó a $189.1 millones. La fase 2 se adjudicó en $52.6 millones, y la fase 3, en $776.9 millones, que luego subieron a $782.1 millones.

Con la confirmación del llamamiento, el caso avanza hacia la etapa de juicio, donde los acusados deberán responder por los cargos señalados.