Corte admite amparo de la Fiscalía Anticorrupción contra la nulidad del caso granos

El caso por presunto peculado en la compra de granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), realizada durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), lleva doce años en los tribunales y hoy depende de una última instancia. La Corte Suprema de Justicia admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el fiscal Javier Cuadra, de la Fiscalía Anticorrupción, contra la decisión que anuló la investigación.

La admisión fue notificada a las partes mediante un edicto de la Secretaría de la Corte. La magistrada Ariadne García fue la ponente y el pleno respaldó la decisión por unanimidad de los nueve magistrados.

El fallo que el fiscal impugna fue dictado el 28 de marzo de 2025 por la jueza Águeda Rentería, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Rentería anuló casi todo el expediente, incluido el auto de llamamiento a juicio, al considerar que el Ministerio Público se excedió en los plazos legales durante la instrucción. Antes, el juicio había comenzado el 10 de marzo de 2025 y se extendió por tres semanas. Ese año fueron enjuiciadas 45 personas por peculado doloso agravado, y la fiscalía pidió condena para 25 y absolución para el resto. La nulidad alcanzó también los acuerdos de pena firmados antes de la etapa de juicio.

Uno de esos acuerdos involucraba a Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente. Él aceptó los delitos a cambio de 40 meses de prisión conmutables y la devolución de $2.3 millones. Según el expediente, el acuerdo fue validado el mismo día en que inició el juicio, pero no llegó a cumplirse: ni se devolvió el dinero ni se concretó la conmutación de la pena, porque la nulidad se dictó antes.

La fiscalía apeló, pero el 22 de diciembre de 2025 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la nulidad. Sus magistrados criticaron que el Ministerio Público omitiera procedimientos previstos en la ley, y señalaron que esas omisiones justificaban anular las actuaciones.

La lesión patrimonial al Estado se calcula en $12.3 millones, según una auditoría forense de la Contraloría General de la República, que detectó que los granos se compraron a precios muy superiores a los del mercado. Entre los investigados figuran Rafael Guardia, director del PAN en la época de las compras; el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima; Adolfo "Chichi" De Obarrio, exsecretario privado del expresidente; y los proveedores Roberto Brin y Pablo Ruiz Abregón. También están imputados los exfuncionarios Ángel Famiglietti, Abraham Williams y Edwin Serracín. Ahora, la situación legal de los 45 imputados dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema en el fondo del amparo.