Contraloría desembolsa $2.48 millones a 228 gobiernos locales por la emergencia sísmica

La Contraloría General de la República transfirió la semana pasada $2.48 millones a 228 gobiernos locales, entre alcaldías y juntas comunales, para atender a las comunidades afectadas por el terremoto. La información fue dada a conocer por el contralor Anel Flores.

Los fondos corresponden a desembolsos extraordinarios que buscan que las autoridades locales puedan responder de forma directa a las necesidades de las familias damnificadas. Son recursos de emergencia, distintos de las transferencias que reciben de manera regular.

Flores explicó que el organismo prepara una nueva planilla para incluir a zonas que no habían reportado daños y a gobiernos locales que se quedaron sin recibir la primera entrega. El contralor reconoció que algunas juntas comunales no fueron tomadas en cuenta en el primer esfuerzo por acelerar los pagos, y dijo que la institución está corrigiendo esa situación con rapidez.

Sin embargo, Flores no precisó la fecha en que se harán los depósitos pendientes. Según indicó, el trabajo se concentra en completar los pagos a las áreas prioritarias de las cuatro provincias afectadas por el sismo.

El funcionario aclaró que esta ayuda es exclusiva para las zonas golpeadas y que no sustituye los subsidios habituales de juntas comunales y alcaldías. Esos pagos siguen su calendario con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional de Descentralización.

El contexto de estos desembolsos se remonta al 15 de octubre, cuando el presidente José Raúl Mulino anunció transferencias de $10 mil por cada junta comunal y de $20 mil por cada alcaldía. El dinero debe servir para comprar agua, medicamentos y otros insumos para los damnificados, y su uso quedará bajo fiscalización de la Contraloría. En aquel momento, Mulino no dijo cuántos gobiernos locales recibirían los fondos y advirtió que podrían hacerse pagos adicionales para garantizar el abastecimiento de las comunidades.

En otro tema, Flores fue consultado sobre la propuesta del diputado Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático, de eliminar el subsidio electoral y pedir una auditoría forense a los partidos políticos de los últimos 15 años. El contralor respondió que la revisión comenzaría por el PRD y seguiría con las demás colectividades. Consideró conveniente que las cuentas partidarias estén en orden antes de las próximas elecciones, aunque no detalló cuándo iniciarían las auditorías ni qué periodo cubrirían.

También se le preguntó por sus diferencias con la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, quien presentó su renuncia al presidente y sigue en el cargo mientras se designa a su reemplazo. Flores evitó responder y dijo que no era el momento de tratar ese asunto.